YA sabemos lo que gana un rey o, mejor dicho, lo que gana el nuestro. El gran secreto de la monarquía española fue desvelado ayer después de 30 años de pudoroso silencio. A los monárquicos les parecerá bien; a muchos republicanos un mal negocio. Decidir la forma del Estado por la rentabilidad económica es un error de bulto, pero las circunstancias actuales nos animan a que juzguemos sin paliativos el provecho y la utilidad económica de todo. Y si más allá de su funcionalidad algo nos parece caro se suprime o se recorta. No nos temblará la mano, ha dicho Rajoy y ha repetido el coro extendiendo sus palmas para que comprobemos, en efecto, que no se estremecen.

Entonces ¿vale la pena un rey por este precio? En mal momento la Casa Real ha hecho públicas las nóminas de la familia. En un pésimo y contraproducente momento, añadiría. Desde los poderes públicos raro es el día en que no se imparte una lección de frugalidad sin atender lo que se lleva por delante. Es más, la política se han convertido en una reñidísima y sangrienta partida de ahorro en la que los espectadores premian la astucia y la crueldad ahorradora de los políticos. Todo sobra. Los sueldos de los políticos, los diputados, los concejales, los senadores, las inversiones públicas, la sanidad, la escuela gratuita, las luces de Navidad. La forma más barata de gobierno es una dictadura.

Muchas personas de mi generación nos hemos formado sentimental y culturalmente con los valores de la II República. Amanecimos en una dictadura que nada nos decía y que arrastraba la culpa del exterminio de una de las generaciones artística más extraordinarias de la historia de España y nos hicimos intelectualmente republicanos con la naturalidad con que los hijos heredan a sus padres. Jamás se nos ocurrió valorar la república en términos económicos. No luchamos contra la dictadura porque fuera un Estado más caro. Aceptamos una transición monárquica por pragmatismo y sensatez. Nunca miramos la etiqueta ni la factura de los trajes. Fue un ejercicio de convicción. Aceptamos dos Cámaras de representantes no como un lujo presupuestario sino por reforzamiento democrático. Por el mismo motivo admitimos el Estado de las Autonomías. Nos pareció bien que los representantes institucionales tuvieran un sueldo para evitar que la política sólo estuviera al alcance de los rentistas. Pero ahora se nos anima a decidir solo en términos de rentabilidad.

Abolir la monarquía por razones de precio, elegir un régimen en función del éxito del regateo es una estupidez profunda. Uno es lo que es por un proceso de elección intelectual o por sus circunstancias no porque sea barato o desgrave en renta. Hasta ahí podríamos llegar.