EL juez Carlos Lesmes fue elegido ayer nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lesmes, de 55 años, con ideología conservadora y fuertes convicciones religiosas, obtuvo 16 votos de los vocales del Consejo, frente a los 4 que apoyaron a la candidata alternativa, Pilar Teso, a la que el primero podría proponer como vicepresidenta. Su designación ha sido iniciativa del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuyo entorno aireó el nombre del nuevo presidente con antelación, dejando en mal lugar a los veinte miembros del Poder Judicial, en quienes recae la responsabilidad de elegir a su máximo representante, según la ley. Se trata de una ficción, puesto que el nombramiento, como el de todos los demás consejeros, ha sido fruto de una negociación entre los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE), si bien han ampliado el consenso atribuyendo la capacidad de designar a otros vocales a fuerzas políticas minoritarias (IU, CiU y PNV). Curiosamente, alguno de los vocales propuestos por los socialistas no apoyaron a la candidata de este partido, Pilar Teso. A Carlos Lesmes, y al resto de los vocales del CGPJ, les corresponde a partir de este momento limpiar esta imagen de enjuague entre partidos que pone en jaque la independencia del Poder Judicial, uno de los tres grandes poderes del Estado democrático, sometido a claras interferencias políticas en los últimos años. Consumado el hecho de que los miembros del Consejo han sido materialmente elegidos por los partidos políticos, en contra de una promesa electoral estricta del Partido Popular, tienen al menos la oportunidad de actuar según su conciencia sin atenerse a consignas de quienes los nombraron ni subordinarse a sus intereses coyunturales. Es lo que necesita el gobierno de los jueces y lo que ha de garantizar el presidente, que lo es también de la superior instancia de la Justicia española, el Tribunal Supremo. Aunque la influencia de los poderes ejecutivos se deja sentir en los nombramientos de este nivel en otras naciones democráticas, también es cierto que, una vez nombrados, los responsables se invisten de la independencia que se espera de ellos y funcionan con total autonomía del poder y de los partidos políticos. Si defraudan esta esperanza, por rutina, cobardía o agradecimiento a sus impulsores, los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial serán incapaces de dirigir a los jueces y magistrados del país según sus propios criterios y las necesidades generales y pondrán su propia aportación al proceso de deterioro de la Justicia en España. La pelota está en su tejado, y el desafío, a la altura de la importante labor que acaban de asumir.