HACE unos días, la Delegación de Educación de Sevilla colgó en su web un documento según el cual el número de documentos que un profesor debe presentar para justificar el suspenso de un alumno, en caso de reclamación por parte de éste, aumentaba de doce a dieciséis. Misteriosamente, el mencionado documento desaparecía de esa web tras hacerse eco de él los diarios del Grupo Joly, y el propio consejero de Educación vino a declarar posteriormente que ni existía ni había existido nunca.

Documentos fantasma aparte, el hecho es que cualquier docente al que un alumno le reclame un suspenso está obligado a presentar nada menos que doce documentos para justificar su calificación. Curiosamente, no basta con una revisión por otros especialistas en la materia de los exámenes realizados por el alumno, que es quien, en principio, debe demostrar los conocimientos y destrezas adquiridos. Es decir, el peso de la prueba se hace recaer plenamente en el profesor, hacia el que su empleador, la Junta de Andalucía, parece albergar la más absoluta desconfianza. O la más absoluta animadversión.

Porque exigir al profesor la presentación de 12 documentos diferentes por cada calificación de suspenso con la que no esté de acuerdo un alumno no es garantizar los derechos de éste, sino enredar al docente en un injustificable laberinto burocrático para dificultarle que mantenga su calificación. Con ello, de paso, se mejoran de manera falaz unos resultados estadísticos que llevan lustros abochornando a los responsables políticos de la Consejería.

Por otra parte, la propia Consejería de Educación se salta alegremente a la torera su propio laberinto burocrático cada vez que lo cree conveniente para sus oscuros fines. Así, por ejemplo, la Consejería no ha hecho públicos los Planes Provinciales de la Inspección Educativa, pese a exigirlo la legislación vigente. Con ello, ha dejado en la más absoluta alegalidad las actuaciones de los inspectores que, en la práctica, incluyen desde hace ya muchos cursos presiones sobre los profesores que no aprueban al porcentaje de alumnos deseado por los responsables políticos. Otro tanto puede decirse del procedimiento legalmente establecido para nombrar a los integrantes de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamación, que las Delegaciones Provinciales de Educación olvidan por sistema en favor de una opaca designación digital, pese a que, ya en 2013, el TSJA calificara estas prácticas como antidemocráticas e impropias de un estado de derecho.

Así las cosas, no sería de extrañar que el documento fantasma de que hablaba al principio fuera fruto del exceso de celo por parte de la Delegación Provincial de Sevilla. Un exceso de celo tendente a incrementar todavía más los aprobados de despacho a que tan aficionados parecen ser en esa Delegación Provincial. A ese respecto, recuerde el lector los casos que se dieron el curso pasado en el IES Bormujos, todavía pendientes de resolución judicial.

Por lo demás, las presiones burocráticas sobre los profesores también resultan especialmente contradictorias con la condición de autoridad pública que les reconoce la nueva ley de educación. La condición de autoridad pública conlleva un plus de credibilidad para el que la ostenta, en este caso el profesor en el ejercicio de sus funciones docentes. Un plus de credibilidad que la Consejería no sólo se niega abiertamente a admitir, sino que se convierte por obra y gracia de las absurdas exigencias burocráticas en una clara presunción de culpabilidad. No es de extrañar que la Consejería se haya negado hasta ahora a desarrollar los reglamentos que articulen el ejercicio de esa autoridad.

En suma, la Consejería de Educación continúa encastillada en su ya antigua pretensión de mejorar los desastrosos resultados de la enseñanza andaluza a base de designaciones digitales y arbitrariedades, saltándose por sistema las más elementales normas del estado de derecho. Las consecuencias de semejante proceder no pueden ser otras que un todavía mayor desánimo entre los docentes y un todavía mayor envalentonamiento de los alumnos más haraganes, que se ven perversamente apoyados en sus reclamaciones por unos políticos entregados a la demagogia más desesperada para mantener unos principios pedagógicos que ya han mostrado largamente su inanidad. Nada que sirva para crear otra cosa que profesores quemados y ni-nis ayunos de conocimientos e incapaces, por tanto, de encontrar empleo en el mercado laboral. Toda una receta educativa para salir de la crisis.