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EL vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, está poniendo un gran empeño en solventar problemas del pasado en una coyuntura en que la comunidad autónoma atraviesa una situación dificilísima desde el punto de vista económico y social, a los que debería dedicar todos sus esfuerzos y energías a fin de alumbrar un futuro mejor. Valderas ha creado incluso en su departamento un comisariado para la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica y prepara un catálogo de los símbolos franquistas que perviven en algunos municipios andaluces. Lo más llamativo es que ha amenazado con retirar las subvenciones a los ayuntamientos que no retiren la simbología de la dictadura en sus fachadas, calles y monumentos. Aparte del emplazamiento que le hizo ayer el portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, para que su celo en el cumplimiento de la legalidad democrática se extienda también a la defensa de los derechos de propiedad y seguridad, vulnerados este verano por un grupo de sindicalistas comandados por un diputado de su coalición (IU), resulta peregrino que el vicepresidente se atreva a amenazar a unas corporaciones locales con unas finanzas en estado calamitoso y a las que la propia Junta adeuda una cantidad importante por diversos conceptos. Ha de ser bienvenida la acción gubernamental que se centre en la búsqueda de restos de las víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista para proceder a un enterramiento digno y dar satisfacción a las legítimas aspiraciones de sus familiares. Todo lo demás, la destrucción de monumentos que en algunos casos tienen valor artístico, los cambios en la rotulación de las calles y la revisión de la guerra fratricida en sentido opuesto a la que impuso el general Franco, sobra en cualquier orden de prioridades razonable que el Gobierno andaluz pueda establecer para su acción política. Es una mirada obsesiva al pasado que la Andalucía del millón largo de parados no se puede permitir. No es lo que los andaluces esperan de sus gobernantes.

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