LA confrontación suscitada entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central por poner éste a la venta la finca La Almoraima, ubicada en Castellar de la Frontera (Cádiz), apunta a una batalla judicial, toda vez que los gestores del Estado en el latifundio han avanzado que litigarán contra el Ejecutivo autonómico si pone trabas a la enajenación. Y, ciertamente, las medidas emprendidas desde el Gobierno andaluz, más que poner trabas buscan vetar toda posibilidad de privatización. La Almoraima pertenece al patrimonio del Estado desde 1983, cuando el Consejo de Ministros presidido por Felipe González -quien como abogado ya había recuperado para Castellar la dehesa La Boyal- expropió Rumasa. Hasta entonces, la mayor finca de Andalucía -cuenta con 14.113 hectáreas- siempre había estado en manos privadas, durante décadas entre los bienes de la Casa Ducal de Medinaceli y un decenio bajo propiedad de la familia Ruiz Mateos. El próximo día 23 se cumplirán 31 años de gestión pública, en la que la finca ha estado durante mucho tiempo en pérdidas, aunque la gestión del último tramo de la anterior legislatura y en lo que va de la presente se han hecho esfuerzos desde la Administración para optimizar sus recursos y devolverla, si no a los beneficios, sí al equilibrio presupuestario. La venta de La Almoraima no debería haber suscitado tanta confrontación política. No hay que rasgarse las vestiduras porque el Estado decida enajenar una finca, por grande que sea, que gestiona por un avatar económico: la expropiación de Rumasa. Si la iniciativa privada tiene a día de hoy recursos y proyectos para adquirir La Almoraima en los términos en los que, legítimamente, el Gobierno de España ha decidido venderla, no hay razón para impedirlo a toda costa. El camino emprendido por la Junta de Andalucía, en contraposición con lo que ha hecho con fincas colindantes de su propiedad, como Los Pozos de Marajambú, tiene el riesgo, además, de hipotecar el desarrollo de toda la zona. La limitación de usos, la ampliación del Parque Natural de Los Alcornocales y la intención de declarar el latifundio monte de dominio público a lo único que puede encaminar es a que, si se vende, sea sólo como enorme cortijo para disfrute de sus futuros propietarios y no como enclave en el que la iniciativa privada cree puestos de trabajo en torno a actividades muy arraigadas en el entorno de Castellar -linda con Sotogrande-, como el turismo de lujo ligado al golf, al polo o a la caza mayor. El propio alcalde del municipio, de IU, teme un bloqueo al desarrollo futuro. La eventual venta de La Almoraima debería ser asumida por las autoridades autonómicas con más normalidad, velando por el respeto a la legislación ambiental, pero sin maximalismos.