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La tribuna

Aquilino Duque

La privatización de la pena

CADA vez que en España se comete un crimen especialmente odioso, no faltan voces que reclaman un endurecimiento de las leyes penales, como años atrás las había que clamaban por la aplicación de la pena de muerte en casos de terrorismo. No seré yo quien se oponga a ese clamor, pero sí que diré que me parece utópico y, por lo tanto, estéril. La pena capital está proscrita a primera vista en todas las cartas magnas europeas, y digo a primera vista porque en realidad no está proscrita, sino privatizada. El Estado no sólo ha renunciado explícitamente a su monopolio, sino que tácitamente la ha transferido a la ciudadanía, como uno de tantos derechos que ésta, como vulgarmente se dice, "se ha dado a sí misma".

Las penas que el Estado aún no ha privatizado son las de prisión, pero las ha liberalizado, que ya es un buen paso en el buen sentido, y además de penas tienen cada vez menos, sino que son más bien curas de reposo o internados de formación profesional para que el recluso aprenda a reinsertarse en la sociedad civil o por lo menos reponga fuerzas cuando a la vuelta de pocos años quede extinguida su condena a siglo y medio y pueda volver a ejercer todos los derechos que el "Estado de derechos" le concede, incluido el de aplicar la última pena. Por eso, y a menos que se decida a hacer uso a su vez de ese derecho, la sufrida ciudadanía lo mejor que puede hacer -como me figuro haría más de uno en los últimos tiempos- es resignarse y pedirle al santo de su devoción que la próxima explosión del coche bomba le pille lo más lejos posible del lugar de autos, nunca mejor dicho.

En toda democracia que se respete el aborto ha dejado de ser un problema, y yo me pregunto cómo es que aún lo siguen siendo la droga, la trifulca conyugal, la corrupción de menores o el terrorismo. Para que el aborto dejara de ser un problema se recurrió al arbitrio de despenalizarlo, del mismo modo que se despenalizó el separatismo o el comunismo, en virtud del principio de que había que hacer legal a nivel de Estado lo que era usual a nivel de calle. Nada más usual hoy a ese nivel que el terrorismo, la corrupción de menores, la trifulca doméstica o el consumo de droga, derechos de la ciudadanía tan legítimos como el de una mujer liberada a hacer con su cuerpo lo que le salga del moño. Hay veces que todos esos derechos se acumulan en una mezcla explosiva, como en el caso de la ciudadana que estranguló a sus hijos pequeños después de atiborrarse de cocaína. Si hay justicia democrática, esta Medea de nuestro tiempo se merecía la gran cruz del mérito civil por lo menos, ya que al derecho a los placeres prohibidos unió el derecho al aborto, en su caso más bien retroactivo. No es más grave estrangular a una criatura después de haber nacido que hacerlo antes de nacer, en esta sociedad "más justa y más abierta de piernas" que pedía el poeta novísimo, y ahora que el Poder Judicial toca fondo a fuerza de "profundizar en la democracia", no sería mala idea aliviar su carga de trabajo democratizando aún más a fondo el Código Penal.

No quisiera dar la impresión de que lo antedicho se reduzca a nuestro país, ya que es aplicable a toda la comunidad de naciones presuntamente civilizadas en cuyo seno se nos acogió con el advenimiento de la democracia. En esa comunidad la chocante actitud del Choque de Civilizaciones daría paso a la postura más mollar de la Alianza de Civilizaciones. Del seráfico buenismo consiguiente no tardarían en sacar partido aquellos habitantes del planeta dispuestos a matar y a morir por algo en lo que creen, algo inconcebible para los felices hedonistas del Estado de Bienestar.

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