HACE pocos años llegó a la redacción una becaria que estudiaba cuarto de Periodismo en una prestigiosa universidad de Barcelona. Bien dispuesta, con criterio y pasión por la que iba a ser su profesión. Todo parecía perfecto, hasta que escribió el primer texto. El problema no eran las faltas de ortografía, quizá menos que las que desgraciadamente son habituales en estudiantes de todo tipo de universidades, sino que escribía en castellano traduciendo del catalán. Así una vez y otra y, a pesar de los esfuerzos, no hubo manera de que entregara un texto publicable: traducía, no manejaba el castellano. Lo que hacía muy difícil que pudiera encontrar trabajo fuera de Cataluña, a no ser que hiciera un curso intensivo de español, que es finalmente lo que decidió.

Dice Rubalcaba, respecto al proyecto de ley de José Ignacio Wert, que no hay un problema de lenguaje, sino de educación. Se equivoca el secretario general del PSOE: quizá no lo fue cuando era ministro y todavía no había salido ninguna generación educada en la llamada "inmersión lingüística". Hoy, centenares de miles de jóvenes catalanes no conocen bien el idioma común a todos los españoles, un problema que no existe en el País Vasco y Galicia donde se ha actuado con más inteligencia al apostar por la obligación de conocer perfectamente la lengua propia y la obligación de conocer perfectamente el castellano. Pero en Cataluña, aunque gran parte de los catalanes digan lo contrario, el castellano es discriminado frente al catalán y mal tratado respecto al catalán. Lo que empobrece a los ciudadanos de Cataluña, además de que no se respeta su derecho a recibir educación en la lengua de todos los españoles. Ni siquiera se cumplen los horarios mínimos que marca la Constitución, como ha dictaminado un Tribunal Constitucional que no se puede decir que esté mayoritariamente formado por magistrados de procedencia conservadora, sino todo lo contrario.

Wert, independientemente de que hay puntos en su proyecto que deberían ser analizados antes de llevarlos a las Cortes, ha tenido la valentía de elaborar un proyecto educativo que intenta corregir muchos de los errores de Secundaria y Bachillerato -las dos etapas más cuestionadas- que han apuntado desde hace años tanto los profesionales como los padres que comprueban que sus hijos no alcanzan el nivel adecuado para afrontar el futuro con la necesaria preparación. Ese proyecto que recoge iniciativas interesantes, corrige importantes errores y premia el esfuerzo -punto básico- , sale del armario con un lastre inicial: no ha sido negociado con los sectores afectados ni los partidos políticos, o al menos no lo ha sido suficientemente; aunque Wert debe saber que ningún ministro de Educación, de ningún gobierno, consiguió el consenso necesario.