CON muchas dudas, con gestión lenta de los tiempos, el Gobierno de Zapatero inició el pasado año algunas de las reformas que la economía española necesita para afrontar la salida de la crisis en mejores condiciones y disipar dudas fundamentales que los mercados internacionales tenían -y todavía tienen- sobre nuestra capacidad de crecimiento y de amortización de las deudas, tanto publicas como privadas.

La primera, es la reforma del sistema de pensiones. El presidente ha anunciado un ajuste escalonado hasta alcanzar la edad de 67 años en el año 2027. Aunque todavía tiene que elaborarse la ley, un tema que resultará clave es el numero de años computables para el cálculo de la pensión, así como el criterio de revisiones anuales mirando al futuro.

La segunda se refiere a la reforma laboral. Dos leyes con el mismo espíritu, redactadas de dos formas distintas, generan efectos sobre el mundo real también diferentes. Hay que esperar a la normativa reglamentaria y, especialmente, a los aspectos relacionados con el "descuelgue" de los convenios colectivos, con el objeto de valorar las facilidades para la contratación fija y el funcionamiento menos centralizado del mercado de trabajo.

La tercera se refiere al déficit público. La constatación de que la deuda publica griega era sustancialmente mayor de lo que inicialmente las estadísticas mostraban ha provocado que se arrojen dudas sobre las estadísticas de otros países y, en particular, sobre la deuda real de las comunidades autónomas. Se han aireado en los medios pasados episodios de afloramiento de deuda publica en algunas comunidades. Igualmente, se ha prestado atención a determinadas operaciones de ingeniería financiera, que pudieran estar más relacionadas con la puesta en escena de un velo que impida conocer la situación real, que con la lógica financiera. Adicionalmente, se duda de la capacidad del Gobierno central para controlar y hacer cumplir los compromisos fiscales adquiridos por las comunidades, a las que se considera afectadas por una incontinencia para el gasto muy difícil de frenar.

Y en cuarto lugar, la situación del sistema financiero es causa también de preocupación. En los comienzos de la crisis, se alabó extraordinariamente la fortaleza del sistema financiero español. Sin embargo, pasan los meses, siguen sin venderse casi un millón de viviendas y los balances de las entidades continúan sin reflejar plenamente los créditos fallidos a particulares y promotores.

Existen serias dudas sobre el funcionamiento de los SIP. Procesos demasiados lentos, demasiados consejos y asambleas y demasiados puestos directivos duplicados. Se afirmará que hay que respetar estatutos, consensuar puestos, etc. Al mercado eso no le importa. Lo que no ve es celeridad y claridad, una un mando único, que integre rápidamente las distintas culturas de las entidades. Además, los nuevos consejos vuelven a estar copados por políticos, no por profesionales. Hay excepciones. Comparen los curriculum de los nuevos gestores de Cajasur con los antiguos.

Nos guste o no, así nos ven. Algunos de los problemas apuntados tienen solución si se actúa con rapidez y se comunica adecuadamente. Otros, nos tememos, que ya no lo tienen.