ANTES de que acabase el mes de noviembre la patronal española agrupada en la CEOE remitió a los principales sindicatos su propuesta de negociación sobre los puentes laborales. La propuesta merece un debate nacional en el que también tenga voz y protagonismo la Administración. El hábito arraigado de aprovechar ciertas jornadas festivas para fabricar puentes añadiéndoles días laborables que se pierden desde el punto de vista de la producción tiene un coste evidente para la economía nacional, aunque su cálculo no termina de poner de acuerdo a los expertos. Esta misma semana arroja un ejemplo singular del fenómeno: la ubicación de dos fiestas de carácter nacional (Constitución e Inmaculada) en martes y jueves constituye una tentación poderosa para convertir en no laborables por la vía de los hechos el lunes, el miércoles y/o el viernes, dando origen a unos puentes dilatados que utilizan muchos trabajadores y empresas. Es de destacar que la eliminación de los puentes o su reducción trasladando los festivos por norma a los lunes y viernes -las dos variantes que se manejan en este debate- significaría un daño indudable al sector del turismo y los servicios, los únicos para los que los puentes suponen actividad, riqueza y empleo. No es un argumento desdeñable en absoluto, y menos en Andalucía, dada la importancia del turismo en la economía regional. Las centrales sindicales no se han mostrado opuestas por completo a una racionalización de las jornadas festivas, si bien ponen el énfasis en otro factor digno de consideración: que la productividad no depende en exclusiva de las horas de trabajo, como demuestra cualquier comparativa de jornadas laborales entre los distintos países europeos. En definitiva, estamos ante un problema complejo, en el que tal vez no caben soluciones unilaterales, sino compatibilización de los diversos intereses en liza. En todo caso, el debate es inaplazable. Y más, en una situación económica en la que nuestro país necesita ser más productivo y hacer un esfuerzo nacional contra la crisis.