DESPUÉS del episodio poco edificante de interponerla en Madrid y retirarla de inmediato por presiones del PP andaluz, el Partido Popular presentó finalmente ayer ante el Tribunal Supremo su anunciada querella criminal contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por actuaciones realizadas mientras era presidente de la Junta de Andalucía. La querella acusa a Chaves de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por su intervención en relación al incentivo de diez millones de euros concedido por la Junta a la compañía Minas de Aguas Teñidas en la que trabaja como apoderada la hija del ex presidente. No se dirige contraPaula Chaves ni contra la empresa, aunque el PP deja abierta la puerta a que durante la instrucción se puedan considerar coautores, cooperadores o inductores de la concesión de la ayuda. El querellado se manifestó ayer tranquilo y satisfecho de que el principal partido de la oposición haya al fin presentado la demanda que lleva semanas anunciando. Si el Supremo admite la querella designará un magistrado para que instruya la causa, en la que, entre otros extremos, se habrá de dilucidar si el ex presidente influyó para que se otorgase la subvención a la citada empresa y si su hija actuó durante la tramitación como apoderada de la misma, uno de los extremos más controvertidos del caso. Creemos que, de este modo, un asunto que ha sido objeto de una polémica política muy intensa entra por fin en la vía jurisdiccional que corresponde. Manuel Chaves, que ha sido arropado por la dirección socialista andaluza en este trance, se declara dispuesto a promover a su vez acciones judiciales contra los querellantes, una vez se sustancie el caso y en el supuesto de que lo haga a su favor, por considerar que se ha producido una ofensa a su honor personal. Es necesario contemplar estas vicisitudes con normalidad porque, aparte del conflicto político que está detrás de la cuestión, lo que importa es que los tribunales se pronuncien con rigor sobre el contenido de la denuncia, en el sentido que sea. El funcionamiento correcto de las instituciones del Estado de Derecho es lo que se impone siempre.