EN situaciones de hambruna generalizada, el objetivo consiste en lograr, y en lo posible asegurar, la supervivencia de los afectados, sin atender a una alimentación equilibrada, a la disminución del colesterol o a controlar la diabetes. Con ser muy importante la salud de las personas, lo urgente e inaplazable es evitar la muerte por inanición, lo que resulta más ardua tarea cuando escasean alimentos y medios materiales para la atención.

La crisis que viene devastando a España desde hace varios años, muy acusada en Andalucía, se está ensañando con el empleo y además mina cualquier iniciativa que impulse, aunque sea tímidamente, la actividad económica. En este contexto desolador en el que las empresas que aún no han echado el cierre intentan como pueden mantenerse a flote, la Junta de Andalucía no solamente no pone medios de auxilio, sino que impide que los afectados se aferren a los salvavidas para no ahogarse.

El Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, que el Ejecutivo autonómico acaba de aprobar, por sorpresa, sin consulta ni comunicación previa alguna, frena toda iniciativa de actividad en curso o en ciernes que podría aliviar mínimamente el gravísimo, si no agonizante, estado del sector de la construcción en nuestra comunidad, el cual ha sido desde hace decenios principalísimo motor de actividad económica y creación de empleo. Pero la Administración regional, no contenta con los ingentes, continuados y crecientes incumplimientos de sus obligaciones y compromisos con el sector (Plan Ola, Plan de Vivienda, impagos de certificaciones de obras...) que lo asfixian, ha decidido acortar su agonía, impidiendo el inicio o prosecución de las pocas actuaciones inmobiliarias ejecutables conforme a la legalidad en los municipios costeros.

Poco importa si con esta decisión entran en liquidación empresas y se eliminan puestos de trabajo; lo relevante es dar satisfacción a no se sabe qué o quiénes, y efectuar una demostración de poder y resistencia frente a resoluciones de otras administraciones, como la del Estado, por cierto principal competente en materia de costas. La desatención a las administraciones locales, a sus compromisos, intereses y aspiraciones, no puede siquiera considerarse una preterición u olvido más o menos culposo, ya que constituye una práctica ampliamente consolidada a lo largo de lustros sea cual sea el signo político del consistorio.

Para ello se invoca una urgente necesidad que, por desgracia, nunca puede ser tal en un momento de recesión e inactividad, y se crea una figura -la denominada protección del Corredor Litoral- sin precedente ni encaje en la normativa actual, especialmente en la Ley de Costas, que comporta una serie de modificaciones legislativas en cadena, forzadamente y sin un estudio previo conjunto y detenido.

El urbanismo y, más aún, la ordenación del territorio, materias imbricadas y de enorme trascendencia económica y social en las que confluyen las más diversas competencias, se han convertido no en un asunto merecedor de la participación de todos, administraciones y ciudadanos, digno de la adopción de medidas objetivas que mejoren la calidad de vida de los habitantes y que atienda al interés general, a lo que solamente habría de orientarse, sino en un campo en el que desplegar potentes instrumentos reglamentarios capaces de impulsar proyectos dinamizadores, pero también, en muchas ocasiones, cercenar legítimos propósitos o doblegar planificaciones y diseños del adversario apelando a los más variados motivos o a supuestos valores prevalentes.

Estos últimos son escalafonalmente permanentes, ma non troppo, de lo que es exponente el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se produjo una regularización muy generalizada de edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en Andalucía, y en el que los valores medioambientales pasaban a un segundo nivel. Ahora se nos dice lo contrario.

Pero lo verdaderamente relevante y lacerante para la mortecina actividad económica andaluza estriba en que, en ese juego de poder y lucha política, las víctimas inmediatas van a ser otras, empresas, trabajadores, ciudadanos de a pie, municipios costeros sin desarrollo, ayuntamientos al borde de la quiebra…, por el momento, pues en plazo no muy largo el perjuicio no tendrá coto.

Tiempo habrá para -sin duda- censurar más concretamente las determinaciones de la nueva normativa y, en su caso, ejercitar los instrumentos legales que pudieran utilizarse frente a su aplicación, pero, superando la primera sensación de estupor e incredulidad, es momento ahora para denunciar por vía de urgencia -aquí sí- la decisión política de la Administración autonómica de Andalucía que, en lugar de efectuar transfusiones al enfermo (pagos debidos) y torniquetes para impedir las hemorragias (pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas), opta por aplicar lazos estrangulantes a su garganta.