LA profesión de funcionario, o empleado público en general, se está convirtiendo en peligrosa. Con el argumento de que disfrutan de un trabajo fijo las administraciones recortadoras se están cebando en ellos. También se perjudican por una razón más simple: el Estado, en sus distintos niveles, los tiene muy a mano.

Ya ven, en dos años les han metido tres veces la mano en la cartera. En mayo de 2010, cuando Zapatero se cayó del caballo, les rebajó el sueldo. Dos años después, en mayo pasado, la Junta los incluyó en su plan de ajuste con un recorte retributivo del 5% de media. Dos meses después el Gobierno de la nación les anuncia la supresión de la paga extraordinaria de Navidad. Son más de un cuarto de millón los andaluces damnificados por triplicado. No es extraño que estén negros y que muchos vayan de negro a la oficina.

Tanta acumulación de desgracias salariales sobre el colectivo ha hecho que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, haya anunciado que su Gobierno revisará el plan de reequilibrio financiero, todavía en trámite como proyecto de ley, para evitar que los empleados públicos autonómicos sean perjudicados doblemente (triplemente, en realidad, como digo más arriba). Sus socios de Izquierda Unida, que ya tragaron a regañadientes el plan propio, han ido más lejos y ya piden abiertamente que éste se paralice y se empiece desde cero a estudiar la dimensión del recorte global al funcionariado para que no se amontonen los ataques a su poder adquisitivo.

Vale, que lo revisen todo. Ahora bien, el margen de maniobra de la Junta no es lo que se entiende por amplio. El ajuste de la comunidad autónoma sigue siendo de 2.700 millones de euros, y de ellos 747 millones salen de las nóminas de sus empleados. Esos son datos, no opiniones, que salen del compromiso de reducción del déficit y de la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria. De modo que si el Gobierno andaluz quisiera reducir esos 747 millones para aliviar el sacrificio de los funcionarios ya castigados por el Gobierno Zapatero y por el Gobierno Rajoy tendría que ahorrar de otras partidas o incrementar sus ingresos. Las preguntas son: ¿en qué otras partidas del presupuesto se puede ahorrar sin causar un nuevo daño social? y ¿se pueden subir más unos impuestos que ya están a la cabeza de España?

A la espera de que alguien responda correctamente a estas preguntas, quedémonos con la insistente demanda del vicepresidente Valderas (IU) al presidente Griñán (PSOE): hay que dar un golpe en la mesa y plantar cara a los mercados. No sé si esto de plantar cara a los mercados querrá decir que dejemos de pagar nuestras deudas. Que es el problema que los mercados tienen con nosotros.