EL Palacio de San Telmo, el edificio más representativo del barroco civil sevillano, abrirá hoy sus puertas durante una semana, y por primera vez en más de un lustro, para que lo visiten los ciudadanos, que son los que, a través de sus impuestos, han sufragado la extraordinaria reforma integral dirigida por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra en dos fases: la primera, iniciada en los años 90; la segunda, culminada hace apenas unos meses. Sevilla recupera de esta forma uno de sus edificios más simbólicos e importantes. El coste de la operación, estimado en 46,6 millones de euros, ha permitido poner en valor un inmueble que en 1989, cuando Iglesia y Administración autonómica acordaron la cesión finalista del palacio, presentaba un estado ruinoso y, en ciertas zonas, decrépito. El trabajo de Vázquez Consuegra, que a lo largo de los últimos cinco años ha tenido que enfrentarse a los dogmas conservacionistas y a la demagogia política con la que usualmente el partido de la oposición (cualquiera que éste sea) suele enjuiciar este tipo de iniciativas, se abrirá paso por sí mismo una vez que los sevillanos puedan contemplarlo. La Junta de Andalucía no tiene nada de lo que avergonzarse. Mucho menos si se tiene en cuenta que uno de los elementos de la polémica política en relación a San Telmo -la existencia de una residencia para el presidente del Gobierno regional- ha sido desactivado tras la decisión del Ejecutivo de Griñán de destinar todo su espacio a oficinas. El edificio, reformado para usos institucionales y administrativos, no puede dedicarse en su integridad a acoger un museo porque esta opción -planteada por el PP en el tramo final de la rehabilitación, no al principio- alteraría el mismo programa de obras en el que se ha invertido el dinero. Lo que sí puede y debería hacer la Junta es no limitar el acceso de los sevillanos al palacio amparándose en excesivas restricciones. Muchos de los espacios del edificio -su capilla, su cripta, los apeaderos, sus patios, su auditorio- son aptos para albergar actividades civiles y culturales de forma usual y permanente, sin los usuales reparos técnicos que, por ejemplo, existen en el Parlamento. San Telmo debe ser un orgullo para los ciudadanos. Es patrimonio de todos.