EL Partido Popular presentó ayer su anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En otras palabras, contra la ley del aborto, que tras ser refrendada por las Cortes entrará en vigor el próximo 5 de julio. La norma, impulsada por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, permitirá la interrupción del embarazo decidida libremente por la mujer durante las primeras 14 semanas de gestación (y 22 en casos excepcionales). El recurso de los diputados populares se basa en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley aún vigente, que considera al nasciturus (el no nacido) como "un bien jurídicamente protegible" y niega la primacía absoluta del derecho de la mujer a abortar, salvo en los tres supuestos conocidos: violación, malformación del feto y daños a la salud física o psíquica de la embarazada. Según el PP, la implantación del aborto libre en el plazo previsto de 14 semanas contraviene la doctrina constitucional. También se impugnan la regulación que la nueva ley hace de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y la posibilidad de que las adolescentes mayores de 16 años, y menores de 18, aborten sin el consentimiento de los padres. El recurso supone la reiteración de la posición tradicional del Partido Popular, aunque introduce dos elementos de alta significación política. Por un lado, solicita al Tribunal Constitucional que suspenda la aplicación de los preceptos impugnados a la espera de la sentencia sobre el fondo de la cuestión, ya que su entrada en vigor causaría daños irreparables; por otro, demanda que la tramitación del recurso sea considerada preferente por la importancia de la cuestión planteada. Finalmente, hay que subrayar que la situación de crisis que atraviesa el Alto Tribunal que vela por la constitucionalidad de las leyes confiere al recurso un plus de conflictividad, acorde con la división de la opinión pública en torno al aborto. Para el Gobierno se trata de una prioridad dentro de su programa político, aunque no fue planteada antes de las elecciones de 2008.