UN delito no es menos delito porque se transmita a través de la red. La calumnia, la injuria y la apología del crimen no deben contar con una zona franca en las redes sociales; los espacios de libertad, sean cuales fueran, deben seguir respetando el modo en el que nuestro Código Penal resuelve el conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos de las personas. Pero no más: no hay que formular leyes distintas o de excepción para limitar la libertad de expresión por el hecho de que el posible delito se cometa a través de internet. El asesinato de la presidenta de la Diputación de León generó en las redes sociales algunos comentarios de mal gusto, improcedentes y otros, probablemente, constitutivos de delito. Con anterioridad, el Ministerio del Interior lanzó una operación en Twitter y Facebook contra personas que, de modo continuado, lanzaban proclamas para que ETA volviese a matar. Como consecuencia de ello, el titular de Interior, Jorge Fernández, anunció nuevas leyes para regular la opinión en las redes, una iniciativa que no ha sido respaldada por el mismo Gobierno. La Policía y la Guardia Civil deben contar con unidades especializadas en los delitos en la red, ya tienen muchas desplegadas por el país, pero es necesario que esta especialización vaya en aumento porque la globalización de la comunicación aconseja detectar las actividades ilícitas a través del medio por el que se propagan. Hay que aumentar el control, pero no legislar nuevos tipos penales. En España, la apología está bien definida e, incluso, en el caso del terrorismo, se ha tipificado la humillación de las víctimas. Y esto vale, tanto para el papel como para la red. Ahora bien, no todo lo que resulta soez, de mal gusto o irritante es delito, y de hecho, en el ámbito penal importa mucho la intención, de ahí que algunas expresiones sólo puedan considerarse como faltas o ni siquiera ello. No obstante, hay algo que nuestro sistema jurídico no ha resuelto: el anonimato y la responsabilidad del soporte, que no es neutro, sino que pertenece a algunas de las multinacionales más poderosas del planeta, caso de Facebook o de Twitter. ¿La reproducción de un vídeo en el que se llama al asesinato sólo es responsabilidad del realizador o del soporte que deja vía libre a su difusión? En los medios tradicionales, los periódicos, radios y televisiones son responsables subsidiarios de posibles delitos. Si alguien llama a la violencia o coacciona desde la sección Cartas al Director, el periódico también es responsable de su publicación, aunque no comparta la idea, ¿por qué, entonces, el soporte digital, que es una empresa, está libre de toda culpa? Tarde o temprano esto necesitará una regulación.