MAÑANA martes entra en vigor en Andalucía el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta que amplía las deducciones por la herencia de una vivienda habitual y en las explotaciones agrarias. Esta medida es fruto del acuerdo que firmaron el pasado mes de junio el PSOE y Ciudadanos para la reforma del impuesto de Sucesiones, dentro de las que se pactaron para la investidura de Susana Díaz como presidenta. Esta modificación del impuesto elevará el mínimo exento de tributación hasta los 250.000 euros y corregirá el error de salto para las herencias comprendidas entre esa cantidad y los 500.000 euros. Hay que aplaudir esta medida, que responde a una demanda ciudadana desde hace muchos años y corrige numerosas situaciones injustas. Sin embargo, dicho esto, la medida sigue siendo claramente insuficiente y discriminatoria para los andaluces en comparación con el resto de españoles, lo que está provocando que algunas fortunas se estén empadronando fuera de la comunidad para no pagar, por mucho que las estadísticas oficiales se usen a conveniencia para negar esta realidad. Basta con recordar las propias cifras ofrecidas por la Junta de Andalucía para dar muestra de que estamos ante una cuestión en la que hay que seguir avanzando en favor de los contribuyentes: la reducción del impuesto de Sucesiones supone 16 millones de euros en el caso de la deducción por vivienda habitual y 5,8 millones en el de las explotaciones agrarias. Desde el Gobierno de la Junta se subraya el esfuerzo que supone para la Administración andaluza acometer estas reducciones y se indica que no se puede hacer más porque entonces Andalucía quedaría por debajo de otras comunidades en competencia fiscal. Este argumento abunda en la tesis de que lo más fácil es tocar los impuestos y no los gastos. ¿Por qué no se habla, de la misma forma, de lo que ese ahorro de las familias supone para la creación de riqueza en forma de renta en la comunidad? El Gobierno andaluz y Ciudadanos, lejos de triunfalismos por esta medida consecuencia de un pacto político, deben ser conscientes de que hay comunidades donde no se paga nada por sucesiones y que en una gran parte hablamos de un impuesto que soportan las clases medias, que se tienen que endeudar para pagarlo. Son herencias envenenadas que hacen que el contribuyente con menos recursos tenga que pagar por lo que un familiar fallecido ya ha estado pagando toda su vida en forma de los impuestos de Patrimonio y las plusvalías que haya podido obtener. Por tanto, lo lógico sería que este impuesto, esta especie de doble tributación que soportan un alto número de contribuyentes de todo tipo, vaya desapareciendo. Esperemos que la reducción que empieza mañana no se quede ahí.

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