EN política, sobre todo en el ámbito municipal, las decisiones, además de adoptarse, deben argumentarse. En este punto es donde reside la coherencia de un gobernante. El gobierno local (PSOE e IU) ha elevado estos días al consejo de administración de Tussam, la empresa de transportes, un plan de ajuste que, aunque todavía no es firme, plantea adoptar una serie de medidas para atajar la sangría de dinero público que supone su gestión. Es evidente que en materia de transporte público el parámetro esencial no es la rentabilidad económica, sino la social. Sin embargo, para que ésta se mantenga en el tiempo es preciso ser cuidadoso con el impacto de las decisiones empresariales, mucho más si de lo que hablamos es del dinero del contribuyente. Tussam, cuya situación tras diez años de administración del PSOE es crítica, propone congelar la plantilla (no renovar contratos temporales), eliminar determinados beneficios sociales y traspasar a la Junta de Andalucía la gestión de 11 de sus líneas, las más deficitarias. El argumento es su naturaleza "metropolitana". La idea, que parece ser más un globo sonda que fruto de un plan serio, está mal concebida desde su raíz. Probablemente busque testar el grado de reacción sindical más que perseguir su aplicación real. Es cierto que Tussam aporta un servicio a habitantes del área metropolitana (que usan sus líneas) por el que quizás no reciba la contraprestación necesaria. Pero, en cualquier caso, tal situación no se arregla liquidando las líneas más deficitarias, sino negociando aportaciones económicas más justas por parte de la Administración regional que, hasta ahora, ha decidido no entrar en público en este delicado jardín, aunque es obvio que no está por la labor. Se busca así trasladar la posible supresión de algunos de estos servicios (los nocturnos, sobre todo) a otra instancia, quizás para no asumir coste político alguno. El cambio aboca, además, a su paulatina privatización: la Junta no gestiona líneas, sino subvenciona el precio del billete a empresas. Alegar que estas líneas son metropolitanas -no salen del término de Sevilla- parece un argumento débil. Otra cosa sería admitir los errores cometidos y plantear un proyecto a medio plazo para que Tussam no siga lastrando al Ayuntamiento.