LA reducción del déficit público se ha convertido en la prioridad político-económica por la presión de los mercados financieros y la exigencia de la UE. Estas circunstancias obligaron al presidente del Gobierno español a presentar un plan de consolidación fiscal, que contemplaba un severo recorte de la inversión pública, la reducción de los salarios de los empleados públicos y la congelación de las pensiones el próximo año, entre otras medidas. También el presidente de la Junta de Andalucía presentó el 9 de junio un conjunto de medidas para reducir el déficit público, entre las que destacan el recorte de las inversiones, la reducción de empresas y entes públicos, la subida del tramo autonómico del IRPF para rentas superiores a 80.000 euros, el céntimo sanitario y un nuevo impuesto sobre los depósitos en el sistema financiero.

Estas iniciativas no han sido privativas de España, sino que la generalidad de los gobiernos europeos han presentado programas de ajuste fiscal. Estos programas tienen como motivación esencial la reducción de los déficit públicos, pero en muchos casos apuntan a reformas más profundas que inciden en una reformulación de la intensidad y la forma de intervención del sector público.

Pues bien, si en estos países, con mejores perspectivas de crecimiento y con menores problemas de déficit y endeudamiento que España, se plantean la necesidad de reformas profundas del sector público, con mayor razón serán necesarias en España, donde se ha producido un notable aumento del gasto público en los años de expansión económica sustentado por un extraordinario aumento de la recaudación tributaria. Por tanto, dado que los ajustes tendrán que ser estructurales porque las posibilidades de aumentar los ingresos públicos ha desparecido del horizonte y que, por otra parte, el eficiente funcionamiento de las administraciones públicas es un factor de competitividad de los países, parece recomendable que los ajustes no se hagan sólo con criterios coyunturales, sino que se aborde una reforma en profundidad.

Si el ajuste del sector público es necesario en la Administración General del Estado, tanto o más lo será en las comunidades autónomas, que son los principales agentes del gasto público y, en particular, en la Junta de Andalucía, con un empleo autonómico superior a la media nacional y donde la contracción de los ingresos ya está afectando a las obligaciones de pago.

Un plan de ajuste estructural del gasto público regional debe afectar al capítulo 2, para lo que no se propugna una nueva reducción de los salarios, sino una reducción de plantillas, ya que no es soportable que el empleo público signifique en Andalucía el 17% del empleo total, mientras que la media española es sólo el 14%. La existencia de empleados con baja productividad en muchos departamentos y la reiteración de funciones en la administración ordinaria y en empresas y otros entes públicos exige que la reducción programada de estos entes no se limite a su fusión, sino que implique una reducción de empleo, especialmente cuando algunos de estos entes concebidos para gestionar inversiones no tienen presupuestos que gestionar. Además, la desaparición de estas instituciones estaría ampliamente justificada por su escasa aportación al bienestar y al desarrollo de la región, como tampoco le afectaría la desaparición de las diputaciones provinciales o la privatización de RTVA. Por otra parte, también es el momento para abordar una reconsideración de transferencias y subvenciones a sindicatos, patronal, centenares de instituciones que viven de los presupuestos públicos, así como de muchas empresas que tienen en la ayuda pública un mecanismo de ingreso casi regular sin mejorar significativamente la competitividad del tejido empresarial.

En esta línea de reforma debe también plantearse la reducción de las principales partidas de gasto público (sanidad y educación) sin cuestionar la provisión pública de estos servicios básicos, aunque sí del todo gratis, como la participación de los ciudadanos en el coste de los servicios (copago u otras fórmulas), que pretende inducir a una conciencia del coste que incite al ciudadano a racionalizar la demanda, aun cuando se asegure el acceso de los ciudadanos de renta baja a los servicios. Aunque sea un caso singular, debe replantearse la semigratuidad de la enseñanza universitaria (las tasas cubren sólo el 12% de los costes), de la que se benefician fundamentalmente las capas medias y altas de la sociedad.

Un impulso reformador en la Administración regional no debe limitarse a reducir el gasto público, sino que debe dignificar la función pública y hacerla más funcional a las necesidades de la sociedad contemporánea, lo que exige elevar su eficiencia, aumentar la capacidad de adaptación de la oferta a la demanda de los ciudadanos y mejorar el control del gasto público.

Vivimos en un momento oportuno para abordar estas reformas por la creciente sensibilidad ciudadana hacia los excesos públicos y la necesidad de ajustes y, aunque su implementación se encontrará con la resistencia de diversos colectivos, si el presidente de la Junta de Andalucía es capaz de acometerla, será de los pocos logros con los que se podrá presentar a las próximas elecciones.