DESDE el final de la dictadura, nunca como hoy habíamos tenido la sensación de vivir una crisis sin salida. Hemos sufrido momentos durísimos: terrorismo asesino de ETA, intento de golpe de Estado, matanza espantosa el 11-M, por sólo destacar los más dañinos; hemos pasado duras situaciones económicas: reconversiones industriales, devaluaciones y mucha desigualdad siempre, pero teníamos un instrumento jurídico de convivencia, la Constitución de 1978, que nos permitía, con esfuerzos, hacer frente a las dificultades de cada momento. Hoy estamos paralizados. Sin olvidar las responsabilidades de todos, que las hay, el inmovilismo de este Gobierno es angustioso.

Perplejos como estamos, algunos sectores políticos y profesionales plantean -como en otras épocas de nuestra historia, por ejemplo, con la reforma de la Constitución de 1876, la de más larga vigencia, que murió de inanición por culpa de la clase política de entonces- la necesidad de proceder a una reforma constitucional. Este Gobierno sólo responde: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Hay muchas respuestas a estos interrogantes, que señalan las líneas maestras por las que se debería caminar, proporcionando soluciones reales a problemas reales, pero los partidos políticos, que han de realizarla, no deben ser a priori demasiado explícitos para evitar recelos. Es necesario alcanzar un consenso inicial básico, imprescindible, para abordar la reforma, sin tener posiciones cerradas hasta que no llegue el momento de sentarse a trabajar. Ni el Gobierno ni el nacionalismo están en ello, por diversas razones: electorales, unos, independentistas, otros. Un callejón sin salida perfecto.

El profesor García Canales afirma que "la Constitución tiene medido su futuro en su capacidad de adaptación a las sucesivas coyunturas históricas en las que se ha de poner a prueba su principal virtualidad: su esencia jurídica". Sólo así servirá a la convivencia democrática. La Constitución vigente está herida de muerte. Intentar su reforma es salvarla.

No queda más solución que transitar de esta democracia en crisis a otra que satisfaga las legitimas aspiraciones ciudadanas: personales y territoriales. Nuevos problemas y nuevas demandas lo exigen. El contenido de las diferentes propuestas se debatirá en esa Comisión Constitucional que se convocaría para concluir con un texto reformado para la España del siglo XXI refrendado después por tod@s. Queda poco tiempo para que sea factible.