NO es extraño que se planteen actualmente reformas de todo tipo, cuando se duda de si existen medidas de política que puedan frenar el deterioro de la economía. Desde el Banco de España, la CEOE y algún otro organismo se ha propuesto una reforma en los contratos de trabajo para hacerlos más flexibles y facilitar así el empleo.

Sin embargo, con estos mismos contratos, en los diez años anteriores a la crisis se ha fichado a centenares de miles de trabajadores, de manera que la tasa de ocupación (que mide la población activa con respecto a la que está en edad de trabajar), ha pasado del 48% al 66%. La actividad económica y la demanda de consumo provocaron incluso escasez de mano de obra en el sector de la construcción, y con ello movilidad espacial y entre empresas.

Como pocos mercados, el laboral se abrió a la competencia internacional, y en diez años los trabajadores extranjeros pasaron de ser apenas un 0,3% a un 11% de la mano de obra. Con el mismo sistema de contratación, y afectando tanto a temporales como a indefinidos, se está despidiendo a centenares de miles de trabajadores. Difícilmente puede hablarse de algo más flexible, tanto en la facilidad para contratar mano de obra, como para despedirla.

El Banco de España publica en su Boletín de enero dos artículos sobre el mercado de trabajo. En uno de ellos se compara el español con la Unión Europea y se observan aspectos positivos en su evolución como son una mayor formación genérica, incorporación de la mujer y más experiencia profesional. Como aspecto negativo aparece la incorporación de inmigrantes con poca experiencia, y para realizar trabajos de baja productividad que hacen caer la productividad general de la economía. En el otro artículo se estudian las reformas laborales en Europa y se ve que España tiene un sistema público de pensiones que evita incurrir en costes privados de pensiones (que es el problema del sector del automóvil norteamericano), y una presión baja del impuesto sobre la renta en el coste salarial, por nuestros bajos salarios relativos.

Está claro que mientras no haya un incremento de la demanda y de la actividad productiva, habría que reducir las cuotas a la Seguridad Social y dar facilidades a las empresas para mantener la mano de obra; la "flexiseguridad" necesaria resultará de una buena combinación de incentivos a la empresa y protección pública. Una reforma justa del sistema debería considerar, entre otras cuestiones, la adecuación de la formación a las necesidades de las empresas; extender la utilización de tecnologías disponibles que hagan más eficiente el trabajo; organizarlo mejor, que las empresas sean capaces de ofrecer trabajos de mayor productividad y mejor remunerados; y un compromiso por la reducción significativa del absentismo.

El mercado de trabajo español es el reflejo de la forma de funcionamiento y organización de nuestra economía y nuestra sociedad; cambiar esto es, desde luego, más complejo que modificar los contratos laborales.