EL PP inició ayer el nuevo curso político con una iniciativa que ha cogido a todos por sorpresa: una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional para que éste pueda multar y suspender a funcionarios y gobernantes que no cumplan sus resoluciones y sentencias. Aunque no se menciona explícitamente, no cabe duda de que con este movimiento el Gobierno de la Nación se está dotando de armas con las que afrontar con contundencia una más que posible intentona independentista a partir del próximo 27 de septiembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.

En principio, aplaudimos que el Estado genere las herramientas necesarias para frenar el órdago de los nacionalistas catalanes, que han decidido unilateralmente romper el marco de convivencia español saltándose los más elementales principios legales. El que se creen normas para que se hagan cumplir las leyes y las resoluciones de los tribunales, más cuando son de la importancia del Constitucional, nunca debe resultar extraño ni sospechoso en una democracia. La iniciativa popular, por lo tanto, no puede considerarse como "represiva", que es como ya la han calificado algunos sectores del nacionalismo y la izquierda.

Sin embargo, es totalmente rechazable el marcado acento electoralista de la iniciativa, algo que el propio PP no ha tenido ningún cuidado en ocultar al invitar a la presentación de la misma al candidato popular a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol. Además, parece elemental el que una modificación de la norma que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional debería contar con el máximo consenso posible tanto entre los partidos políticos como con el Poder Judicial en su conjunto. Ninguno de los dos se ha dado y ayer el PSOE, claramente contrariado, se apresuró a desprestigiar la proposición de ley. Lo que debería ser una norma para combatir el secesionismo catalán se ha convertido en un frente más entre los dos principales partidos nacionales, cuya unión es imprescindible para fomentar una deriva que puede colocar a España ante el abismo en apenas unos meses.

El Partido Popular, preocupado por la pérdida de votos ante Ciutadans, ha olvidado la máxima de que no se puede legislar en caliente. Hay que ser contundentes con el secesionismo y la falta de respeto a la ley, pero no se puede improvisar y hacer experimentos con el Tribunal Constitucional. La prioridad debe ser la unidad de criterio de las fuerzas que se oponen a la independencia de Cataluña.

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