NADA ni nadie es redondo en lo tocante a sus rasgos y cualidades, y por eso el hecho de que seamos una región y un país "de servicios" puede verse tanto de una forma positiva como negativa. Mire a su alrededor -a su familia, a sus amigos, a los establecimientos que hay en su vecindario- y con gran probabilidad observará que quienes le rodean no transforman la tierra ni los productos de la tierra o el mar: casi un 70% de nuestro PIB y un porcentaje similar de nuestro empleo se originan en el multiforme sector servicios. En el llamado sector terciario no hay materia prima, ni se almacena producto tangible alguno, sea trabajando como psicólogo, barman, recepcionista, profesor, vendedor, bancario, médico, inspector de Hacienda, barrendero, concejal, torero o soldado pacifista. Complementariamente, aventuro que pocos en su entorno son agricultores, pastores o pescadores, y tampoco ensambladores de fuselaje o placas base, ni envasadores de sanjacobos congelados o alfareros: ni la agricultura ni la industria suponen un gran porcentaje del producto y el empleo andaluz y español, por mucha importancia social que tenga el sector primario y muy estratégico que sea el secundario. Que la tiene, y lo es.

Positivo y negativo, pues. Durante años se consideró positivo el proceso de terciarización de nuestra economía, con el turismo como auténtico maná y fuente de aggiornamento de las costumbres: esa familia Alcántara, como un flan, adentrándose de la mano en la procelosa orilla de Torremolinos. La otra cara de esta teórica modernización es el abandono progresivo de las actividades agropecuarias tradicionales, en buena parte proveedora de empresas agroindustriales extranjeras, por no hablar de el escuálido panorama industrial andaluz. Los servicios, sobre todo los de baja calidad y valor añadido, sufren aún más que otros sectores con la crisis: son más prescindibles. Si el lema de la vetusta OJE decía "Vale quien sirve", cabe al hilo parafrasearlo con un "Vale quien sirve bien".

La Directiva de Servicios comunitaria, que obligatoriamente hemos tenido que asumir desde el pasado Día de los Inocentes, afecta a nuestro sector servicios. En concreto, al transporte, la salud, el comercio y el turismo, la construcción, el medio ambiente y la energía, la cultura, el juego y el asesoramiento fiscal: casi nada al aparato. Además, la influencia de dicha directiva no es menor, sino decisiva. A pesar de ello, aquí hemos preferido hablar y escuchar sobre la recién asumida Presidencia española de la UE. Unos -el Gobierno- sacando pecho y lanzando cortinillas de humo; otros, machacando lo propio y siguiendo la estela castigadora del Financial Times con lo español, recochineo de Zp-Mr. Bean en internet incluido. El caso es que la entrada en vigor de algo tan crucial para nuestro futuro ha sido soslayado masivamente. (Pueden ver la directiva en detalle en http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir.)

La nueva pauta comunitaria impone mayor libertad y rapidez en el establecimiento de negocios en las mencionadas actividades a lo largo y ancho de la UE, reduciendo trámites y golpeando a los corporativismos profesionales ("¡Que vienen los europeos! ¿Nos comerán...?"). Supone una mayor confianza en la honradez de los promotores de los negocios, a los que se imponen menos trabas, algo que implica un riesgo proporcional al nivel de picaresca de cada territorio. O sea, la Directiva 2006/123/EC, que así se llama, trae más competencia entre las empresas e instituciones y, deseablemente, mayor competitividad y calidad de servicio de aquellas que recojan el guante, y adopten una visión activa y no reactiva. La hábil Esperanza Aguirre dio el primer golpe asumiendo la directiva hace unos meses en la Comunidad de Madrid. Nosotros, Andalucía, hemos esperado hasta el gong del 28 de diciembre, tras modificar una montaña de leyes, hasta dieciséis que colisionaban con la norma comunitaria. Para salir del bache, trae cuenta apostar por que este nuevo marco liberalizador (en el buen sentido de la palabra, si permiten la apostilla) más que por la poliédrica y archiambiciosa Ley de Economía Sostenible, que tantísimo abarca.