DOS meses después de que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, decidiera cumplir su promesa electoral de derogar el Plan Centro, la circulación en el casco histórico de Sevilla ha vuelto a convertirse en un serio problema urbano. La invasión de vehículos privados ha sido de tal magnitud desde entonces que durante determinadas horas del día se han producido momentos de colapso en las principales entradas viarias al corazón de la ciudad. Es cierto que las medidas restrictivas impuestas por el anterior ejecutivo municipal se convirtieron más en un problema que en una solución, probablemente porque se improvisaron y se implantaron sin el necesario consenso social. Sin embargo, la postura unilateral de derogar el dispositivo de control existente sin habilitar una alternativa no ha venido a arreglar la situación. Más bien todo lo contrario. La ha agravado. Hasta el momento, el actual equipo de gobierno se ha limitado a sancionar a los conductores que no respetan las normas de tráfico (10.000 multas según las estadísticas oficiales) y a anuncios inconcretos como la reimplantación de la zona azul, aunque sin definir las zonas afectadas. Son medidas que parecen buscar atenuar el problema pero sin entrar nunca en la cuestión de fondo: la circulación de vehículos privados en el centro requiere algún tipo de regulación, so riesgo de convertir la zona histórica de Sevilla en un auténtico caos. Con independencia del carácter recaudatorio de ambas decisiones, parece obvio que una de las grandes asignaturas pendientes del gobierno local tras sus primeros cien días de gobierno consiste en determinar, ahora con el necesario consenso, cómo regular el tráfico en el centro. Paradójicamente, el PP ha impulsado una comisión de investigación para analizar cómo se implantó el modelo ya derogado. Sería mucho más lógico, si de verdad se tiene en cuenta el interés de la población, abrir una negociación con la oposición, los comerciantes y los ciudadanos para, entre todos, definir un nuevo plan para el centro.