LA desaparición inesperada el domingo del magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo ha desatado, por encima de la adversidad y la injusticia de cualquier muerte, un potente huracán de reflexiones sobre asuntos tan heterogéneos como la estabilidad de la nación española, el futuro de Cataluña y la independencia, la crudeza de la división ideológica, la dependencia de los poderes del Estado y, por supuesto, la debilidad del hombre ante el destino. ¿Es exagerado que la muerte de repente de un alto funcionario de la Justicia española pueda mover a tantas cavilaciones y tantos y tan contradictorios presagios? Pues sí, es una dependencia exagerada y preocupante. En un sistema democrático fundado sobre la división de poderes que el fallecimiento del magistrado de un tribunal desate más consecuencias incluso que una acción de gobierno es un síntoma de anormalidad. Un aplicador o un intérprete de la ley, por más que pertenezca al estricto circulo de magistrados del Tribunal Constitucional, no tendría que detentar una importancia políticamente decisiva en un Estado plural y abierto.

Pero así es. La muerte del magistrado de ideas ultraconservadoras García-Calvo supone, a la vista de la experiencia, un empujón decisivo a favor de una de las dos interpretaciones políticas (más que jurídicas) que rivalizan en el Alto Tribunal y que han provocado episodios vergonzosos en los últimos tiempos. Con la desaparición de García-Calvo, y si la institución no se renueva, el bloque de magistrados progresistas logra una precaria mayoría de seis a cinco suficiente para informar favorablemente el Estatuto de Cataluña.

Para sustentar la anterior manifestación, compartidas mayoritariamente, hemos aceptado los siguientes presupuestos: que el Constitucional está dividido políticamente en dos bloques irreconciliables; que cada bloque es fiel al partido que lo nombró, y que vota movido más por compromisos políticos que jurídicos. Es decir, hemos aceptado sin sonrojarnos una versión aberrante del Estado de derecho. Es verdad que se pueden hacer matices, muchos, los suficientes para sosegar el malestar de conciencia, pero eso no borra el trasfondo de verdad sobre el que se fundamenta la sospecha unánime.

La situación planteada por la muerte del magistrado debe acelerar, tal como planteó el PSOE nada más abrir legislatura, el cambio de filosofía del Constitucional. Ni el PP ni los magistrados conservadores pueden considerarse ahora víctimas de un acontecimiento tan azaroso como una muerte repentina. Han tenido tiempo para negociar los cambios y han mirado para otro lado o han apostado por obstaculizar.