ESPAÑA y Andalucía han hecho grandes esfuerzos en los últimos años por mejorar su nivel científico y tecnológico y reducir el retraso que históricamente han sufrido en estas materias. Se han conseguido avances muy notables en la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) y una mayor conexión entre universidades y empresas. La creación en esta legislatura del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación supone un importante paso en este camino, al agrupar por primera vez en un ministerio las competencias en industria, ciencia y universidades, una apuesta de la que existe un precedente en Andalucía, donde desde 2004 contamos con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Nuestro país se enfrenta aún a barreras que limitan el desarrollo de la I+D+I. Entre otras, la limitada dedicación por parte de las empresas de recursos financieros y humanos para innovación, una I+D universitaria no suficientemente orientada a las necesidades empresariales y unos mercados financieros poco proclives a financiar la innovación. La reducida dimensión empresarial, la escasa costumbre de las empresas de colaborar entre ellas y con los centros de investigación y la necesidad de mejorar la gestión del sistema público de I+D constituyen también retos importantes.

Las estadísticas de I+D+I en España y Andalucía confirman que todavía nos encontramos lejos de los países y regiones tecnológicamente más avanzados. No obstante, también reflejan que en los últimos años se ha producido un positivo cambio de tendencia. Según las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística, el gasto español y andaluz en I+D creció en 2006 en torno a un 16% respecto al ejercicio anterior. Andalucía aportó ese año el 10,3% de la inversión total española en I+D. Asimismo, en 2006 la inversión en innovación experimentó en España y Andalucía notables crecimientos, del 21% y el 15%, respectivamente.

Sin embargo, si la inversión en I+D se relaciona con el PIB, los datos para España reflejan la distancia existente con los países más avanzados: la inversión española total (pública más empresarial) fue en 2006 de 11.801 millones de euros, el 1,2% del PIB, mientras que en el conjunto de la UE de los 27 este gasto equivale al 1,84%.

Muy lejos quedan el 3,82% de Suecia o el 3,45% de Finlandia, y el objetivo marcado por la Unión Europea para el horizonte de 2010 de alcanzar una media del 3%. En España, la iniciativa Ingenio 2010 fija para ese mismo año el objetivo de llegar al 2%. En cuanto a Andalucía, su gasto en I+D en relación al PIB es del 0,90%, lo que la sitúa en octavo lugar entre las comunidades autónomas españolas.

La principal causa de la limitada inversión en I+D sigue siendo la insuficiente aportación de las empresas, que no han respondido en la misma medida al esfuerzo realizado desde el ámbito público. En España, el sector privado ejecuta el 56% del total de la inversión y la Administración pública y las Universidades el 44% restante. Esta situación es más acentuada en Andalucía, donde las empresas aportan el 33% de los fondos para I+D y el sector público, el 67%.

No obstante, este desequilibrio tiende a suavizarse. En 2006, el esfuerzo en I+D del sector empresarial creció en torno a un 20% tanto en España como en Andalucía. La UE pretende que en 2010 el 75% del esfuerzo investigador europeo proceda de las empresas, por lo que para acercarse a esa cifra queda aún camino por recorrer.

Para lograrlo es imprescindible más liderazgo de las empresas. Las ventajas parecen evidentes: según un estudio reciente de la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología, el gasto en innovación es rentable, al recuperar las empresas 1,22 euros por cada euro invertido en I+D.

Otro aspecto fundamental es el de los recursos humanos. Según estimaciones recientes, el sistema científico español, con más de 77.000 investigadores, tiene un déficit en torno a 50.000. La situación en el sector privado no es muy diferente. En España, sólo el 34% del total de investigadores se hallan en las empresas, frente al 65% en el resto de la UE.

Superar este déficit exige ser capaces de formar personal altamente cualificado y, en paralelo, atraer hacia España a talentos de otros países, una tarea que el nuevo Ministerio se ha marcado como prioritaria. Junto a ello, es necesario favorecer entre los empresarios (y entre los jóvenes que en un futuro puedan serlo) una cultura de la innovación y un conocimiento específico sobre gestión de la innovación.

Empresas, ciencia, educación y Administración, por tanto, deben ir más que nunca de la mano para conseguir que España se sitúe entre las economías tecnológicamente más avanzadas, lo cual será una garantía de poder afrontar en mejores condiciones un futuro cada vez más competitivo.