LA consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha anunciado que la Junta de Andalucía no acudirá hoy a la comisión técnica convocada por el Ministerio del ramo para la aplicación por primera vez este curso de los exámenes de reválida en sexto de Primaria, uno de los puntos más polémicos de la ya de por sí polémica Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Desde un principio, el Gobierno andaluz ha mostrado su frontal rechazo a dicho texto legal en general y a la celebración de estos exámenes externos en particular, pero hay que recordar que la Lomce, guste o no, ha sido aprobada por el Parlamento de España con una mayoría amplia y que, por tanto, la Junta debe colaborar con lealtad a la puesta en marcha del mismo.

Ahora bien, el actual ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, debería de hacer lo posible por retrasar la aplicación de dicho examen, por lo menos hasta que se forme un nuevo Gobierno que decida, finalmente, si reforma o no una Ley que, aunque es cierto que superó el trámite parlamentario gracias a la amplia mayoría absoluta con la que contaba el PP en las pasadas Cortes, también lo es que encontró y sigue encontrando numantinas resistencias en la comunidad educativa. La Lomce, el empeño personal del ex ministro José Ignacio Wert, nunca contó con el consenso de la oposición y los profesionales del sector, algo que debería ser importante en una ley educativa. De hecho, el propio Méndez de Vigo ya ha mostrado alguna vez su disposición a replantearse algunos aspectos de la ley para ampliar el consenso en torno a la misma. Por eso, estimamos que sería absurdo dedicar ahora importantes esfuerzos materiales y humanos en la realización de un examen que, dentro de unos meses, podría ser enviado al baúl de los recuerdos por parte del nuevo Gobierno de la nación.

Desde que empezó a redactarse, la Lomce no le ha traído más que problemas al Ejecutivo de Rajoy y, de hecho, ha sido uno de los principales frentes de desgaste que la oposición ha mantenido abiertos, consciente del rechazo que dicho texto levantaba en amplios sectores de la sociedad española. No se pide una derogación de la ley ni una eliminación del examen de reválida, sino una suspensión temporal de dicha prueba en unos momentos en los que no está clara su continuidad. No olvidemos que, al fin y al cabo, detrás de todo este asunto hay unos escolares que pueden estar sometiéndose a un examen que, si no tiene continuidad en el futuro, no servirá absolutamente para nada.