YA que le gustan tanto los golpes de efecto dialécticos, como el que le propinó a Mariano Rubio hasta convertirlo en el chivo expiatorio de la corrupción, recetemos la misma medicina a Juan Pedro Hernández Moltó, retratado muy ufano a la salida de la sede de Caja Castilla La Mancha (CCM) en Madrid: usted, Moltó, ¿de qué se ríe?

No hace falta que mire a los ojos a los depositarios que confiaron los ahorros a su caja ni a los españoles todos que han acudido a salvarla -Banco de España mediante- de las consecuencias de su gestión, con avales de hasta 9.000 millones de euros. Bastaría con que explicara de qué se ríe, qué le hace tanta gracia de la situación en general y, en concreto, de la reunión en la que le comunicaron su destitución y la intervención de la entidad.

Porque gracia no tiene ninguna. Ya me dirán: el azote de Mariano Rubio embarcó a la Caja Castilla La Mancha en operaciones de dudosa rentabilidad, favoreció a empresarios políticamente amigos, concedió créditos a promotores inmobiliarios próximos a la quiebra, ocultó datos a sus colegas de consejo de administración e impulsó un diseño de ingeniería contable tan sofisticado que la entidad declaró beneficios de 30 millones en el ejercicio de 2008, cuando los inspectores del Banco de España calculan pérdidas de cientos de millones. En poco más de un mes la morosidad de CCM alcanzó el 10%, el doble que en diciembre. "Gestión inadecuada", admite Solbes. ¿Cómo que inadecuada? ¡Pésima!

Como lo cortés no quita lo valiente ni lo ineficiente quita lo interesado, Hernández Moltó, sus consejeros y toda la cúpula directiva de CCM se las han apañado para casi duplicarse sus remuneraciones en tres años (bien es verdad que partían de unos niveles modestos para la media del sector), entre 2004 y 2007. Desde 2007 el presidente no ha creído necesario hacer públicos sus emolumentos en el informe de gobierno corporativo. También queda un consuelo: Moltó no tiene ningún tipo de blindaje, es decir, que no percibirá indemnizaciones tras su cese. Con ello podrá eludir la indignación popular con que están siendo despedidos en medio mundo los ejecutivos y gestores que habrían arruinado sus empresas de no mediar cuantiosas inyecciones de dinero público y que, no obstante, se han marchado a casa con las espaldas bien cubiertas. Y de rositas.

El aún vicepresidente Solbes ha anunciado una reforma urgente de la Ley de Cajas de Ahorros para despolitizarlas y que sean regidas con criterios profesionales. Ya será menos. Ningún partido, ninguno, quiere de verdad despolitizar las cajas. Sólo aspiran a tener mayoría en sus respectivas comunidades para controlarlas.