TODOS los centros de análisis económico coinciden en señalar que España está en condiciones de crecer durante el año que acaba de comenzar con la tasa más elevada de los países de su entorno y que ese crecimiento se va a traducir en una mejora del empleo, aunque éste va a continuar en niveles dramáticamente altos todavía durante un largo periodo de tiempo. También todos los analistas están de acuerdo en que el principal riesgo para asentar la incipiente recuperación es la inestabilidad política a la que se enfrenta España y a la que se suma el desafío independentista catalán. Los resultados de las diversas elecciones celebradas a lo largo de 2015 no han hecho otra cosa que incrementar ese clima de incertidumbre. La falta de acuerdo en Cataluña que aboca a esa comunidad a ir de nuevo a las urnas en marzo, los derroteros por los que transcurre la política española tras los comicios del pasado 20 de diciembre e incluso la situación interna del primer partido de la oposición dibujan un panorama que se ha dejado sentir durante las primeras sesiones de este año en la Bolsa y en la evolución del riesgo español en los mercados internacionales. La crisis política ensombrece una situación económica que aún estando lejos de ser positiva, pero que sí empezaba a sacudirse los efectos de la debacle económica más intensa y profunda que ha vivido Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que en España golpeó con especial intensidad y que supuso la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo que estamos lejos de recuperar. En las últimas semanas los medios de comunicación especializados en información económica han destacado proyectos de inversión en nuestro país que se han visto frenados por la falta de certezas de estabilidad política. Incluso en Andalucía, la solución a la crisis de su principal multinacional, Abengoa, está hasta cierto punto condicionada a la búsqueda de un socio internacional que dé garantías de continuidad a la empresa para lo que es imprescindible que no haya obstáculos en el horizonte. Nada ahuyenta más al dinero que las dudas sobre si las inversiones tendrán un marco de seguridad jurídica para desarrollarse. Los partidos van a rendir un mal servicio al país si la actual confusión sobre el futuro más inmediato no se aclara con la rapidez que requiere la situación. España necesita consolidar su recuperación porque ello supone devolver calidad de vida a la inmensa mayoría de su población. Los políticos tienen la obligación de contribuir a ello y la mejor forma en la que pueden hacerlo es transmitiendo certidumbres.

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