ES normal que en España surja con fuerza el debate sobre si los salarios de este país son demasiado bajos, o han llegado demasiado bajo. Lo que gana la gente por cuenta ajena, por término medio, no ha parado de descender en los últimos años, y los asalariados han aceptado con cierta resignación y no poco miedo derivados de la tremenda sugestión impuesta por la crisis y sus más casandrianos voceros: esto es lo que hay, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, debemos ganar menos para que seamos así más productivos y exportemos más y así equilibremos nuestra economía por la vía exterior, en detrimento del consumo interno: éste, el dinamismo interior, que espere. Pero la realidad ha demostrado que nuestra mejora exterior ha sido flor de un año largo, de forma que de nuevo surge la necesidad imperiosa de estimular la demanda doméstica y con ella la producción y el empleo, cosa que sólo tiene posibilidad de producirse poniendo o dejando más dinero en manos de la gente. O bajan los impuestos -descártenlo, lo que te den por un lado por otro te lo quitarán, amigo asalariado-, o volvemos a endeudarnos para consumir -descártenlo aún más, ese gran error patrio prolongado durante una década está demasiado reciente para repetirse-, o suben los salarios. Éste es el debate más vivo en el panorama macroeconómico.

El propio Luis de Guindos, ministro de Economía y, ojo, Competitividad, dijo el otro día en El Foro Joly en Sevilla que el crecimiento y el empleo dependen en España del incremento de la demanda interna, y en concreto del consumo. Nada de penurias interiores y productividades de mágico efecto exterior y bumerán de vuelta al interior: no sigan con esa matraca. Ya nos hemos desapalancado en buena medida, o sea, ya hemos amortizado en estos siete últimos años parte de la deuda familiar y empresarial, sin asumir nuevas deudas; ya hemos visto nuestro poder adquisitivo descender drásticamente. Y organismos internacionales -no hay más que mirar las estadísticas de los países de nuestro entorno- comienzan a aconsejar que empiecen a subir las retribuciones que las empresas y el propio Estado dan a sus empleados, por lo general modestas maquinitas de llenar el carro de Mercaplus o Carredona dos veces al mes. Sin gente con capacidad de comprar, no habrá compra suficiente para que las empresas produzcan y vendan y empleen, y perdonen la perogrullada.

Sucede sin embargo una cosa que es crítica y cuyo olvido es una torpeza superlativa: los salarios bajan con la acción gubernativa que lo permite y promueve -por ejemplo, con nuestra política contemporánea de desregulación, de tan tristes resultados-, pero no suben más que por la decisión de las propias empresas. El gobernador del Banco de España, el bastante desconocido Luis María Linde, lo recordaba con doble juego esta semana: el debate sobre la subida salarial es "absurdo" aunque en realidad sea de cajón en estas circunstancias... porque es cada empresa y no Gobierno ni medida de política económica alguna quien puede obligar o inducir a subir la nómina a la gente. Añade Linde: "Si las empresas ganan dinero, pueden y deben subir los salarios". Aquí es donde se espera a las empresas españolas, aquí es donde pueden mostrar si quieren ser de primera o de primera b, y si son competitivas de verdad o son anoréxicos especímenes con alto riesgo de muerte. Y aquí es donde está la verdadera responsabilidad social de las empresas, particularmente de las grandes, que son quienes más aprietan la paga, más impacto global tienen en sus acciones y más arrastre tienen sobre otras empresas y, a la postre, el empleo. Más allá de memorias de RSC, CSR o sostenibilidades sociales varias, tan bellamente encuadernadas y tan útiles para elevar un poco la pantalla del ordenador.