UN juez ha solicitado al Banco de España que sus peritos certifiquen o no el informe de la Fiscalía Anticorrupción que aprecia delitos societario y de apropiación indebida en el uso por 86 consejeros y directivos de Bankia -antes Caja Madrid- de tarjetas de crédito no declaradas con las que gastaron 15 millones de euros en diez años.

De paso, el juez quiere saber también si el propio Banco de España conocía la existencia de dichas tarjetas cuya característica fundamental es que no estaban vinculadas a las actividades y funciones propias de sus cargos de responsabilidad en la entidad financiera. Porque ésa es otra: ¿no tenía el supervisor la obligación de vigilar y controlar un banco que acabó costando a los españoles 22.000 millones para rescatarlo de la ruina inminente?

Quien implantó este sistema de autoasignación de privilegios, como presidente de Caja Madrid, fue Miguel Blesa, el amigo y compañero de pupitre de José María Aznar, y quien lo continuó, ya al frente de Bankia, fue Rodrigo Rato, al que Aznar cerró el camino hasta La Moncloa, aunque éste ha devuelto lo que había percibido irregularmente. Tan irregularmente que este dinero de plástico funcionó al margen de las tarjetas ordinarias del banco emitidas para cubrir, al igual que en otras muchas empresas, los gastos de representación de sus responsables.

Ni Blesa ni Rato se conformaron, pues, con sus retribuciones ordinarias de 3,5 y 2,7 millones de euros, respectivamente. Insuficientes para su valía personal, compatible, al parecer, con una gestión desastrosa. Pero tampoco se conformaron los demás consejeros y altos directivos. Con rara unanimidad tiraron de sus respectivas tarjetas para pagarse viajes, comidas y ropa con la alegría con que se maneja el dinero cuando se considera que no es de nadie. Ahí entraron derechas e izquierdas, patrones y sindicalistas, catapultados a los órganos de dirección del banco en representación de sus organizaciones.

En teoría, para democratizar la caja de ahorros, aumentar su representatividad y ponerla más al servicio de la comunidad. En la práctica, para reclamar su parte del botín. Los legisladores pretendieron profundizar la vertiente social de las cajas para hacerlas competir con los malvados bancos que sólo persiguen el beneficio. Los gestores salidos de la nueva legislación se encargaron de hundir las cajas al tiempo que las saqueaban sin pudor.