NO es delito ser rico ni tener dinero fuera de España. Lo delictivo es que el origen del dinero sea ilícito, que no se cumpla con el fisco o que se blanquee dinero. Estas explicaciones proceden de un fiscal consultado sobre el caso Bárcenas, que añade que la razón de que el juez Pablo Ruz haya pedido información sobre el origen del dinero que tenía Bárcenas en Suiza es precisamente esa: averiguar si ese origen es legal. Explica también que respecto al posible delito que haya podido cometer Bárcenas se deben tener en cuenta los años transcurridos desde se eludieron las responsabilidades con Hacienda, porque el delito podría haber prescrito. Si así ocurriera, sin ninguna duda provocaría una lógica indignación social, sumada a la que ha provocado la amnistía fiscal a la que se ha acogido. Hay que recordar en ese sentido que Bárcenas -que disfruta de unos tranquilos días de ocio en Baqueira mientras el PP vive un auténtico cataclismo- según el director del banco suizo en el que había abierto una cuenta por varios millones de euros, solo depositaba un 20% del dinero acumulado en sus diferentes negocios.

Sirva esta introducción para entender que a la angustia con la que la dirección del PP vive la semana más negra de su historia se suma la desazón de saber que el ex tesorero del partido puede salir indemne ante la justicia a pesar de haber sido el principal responsable de los dineros del PP durante los años en los que supuestamente se cometieron irregularidades e incluso delitos. Y es evidente también para el PP que los listados de gastos e ingresos elaborados por Bárcenas fueron entregados al periódico El País por personas que a su vez los habían recibido del ex tesorero. Dudan que los haya facilitado directamente Bárcenas porque el listado puede ser utilizado judicialmente en su contra, pues si hubo sobresueldos sin las retenciones correspondientes el tesorero se convertiría en cómplice de quienes no declararon a Hacienda.

Los primeros datos de que el listado de Bárcenas estaba en manos de periodistas los tuvo De Cospedal a principios de semana, cuando algunos de los dirigentes del PP le informaron de que habían sido contactados para confirmar que habían recibido determinadas cantidades de dinero a cargo del partido. Sin embargo la secretaria general del PP, que llamó inmediatamente a Rajoy, no sospechó que se fueran a publicar datos tan amplios, tan exhaustivos y con la propia letra de Bárcenas. La mañana del jueves, tras varias conversaciones con Rajoy y con la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, preparó su comparecencia, a la que se sumaron, para darle así apoyo público, los tres vicesecretarios del partido, Javier Arenas, Esteban González Pons y Carlos Floriano.

La estrategia a seguir consistía en negar que se tratara de la contabilidad oficial del partido, insistir en que nadie había recibido sobre ni sobresueldos de forma ilegal -hay que recordar que los dirigentes de los partidos cobran por su trabajo, pero están obligados a declararlo a Hacienda- y que las cantidades que aparecían al lado de determinados nombres no significaban que Bárcenas pagara esa cantidad a esas personas, sino a los departamentos que dirigían: electoral, formación, publicaciones… y que en otros casos tenían como destino pagar facturas de viajes, de organización de eventos, invitaciones a almuerzos o cenas y distintos gastos de representación.

La explicación, que podía ser creíble, se vino abajo cuando algunos de los que aparecían en la lista, como Pío García Escudero o Jaime Ignacio del Burgo, reconocieron que habían recibido las cantidades que aparecían en el listado. En el caso del hoy presidente del Senado porque pidió un préstamo al partido para arreglar su vivienda, que había sufrido graves desperfectos tras un atentado de ETA. Préstamo que devolvió. Y Del Burgo había recibido un dinero para entregar a una militante de UPN víctima de un atentado de ETA que también destrozó su casa. El hecho de que confirmaran que habían recibido esas cantidades significa que los datos de la lista supuestamente no oficial eran ciertos, lo que hace pensar que también los restantes se correspondían con cantidades que Bárcenas había entregado. Esas confesiones invalidaban así los comunicados de Bárcenas y del anterior tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, negando credibilidad a la lista.

Fue idea de Rajoy convocar ayer una reunión extraordinaria de la dirección del partido para analizar la situación, lo que indica hasta qué punto el presidente gobierno y del PP es consciente de la gravedad de las acusaciones. Tras dejar a Cospedal la responsabilidad de dar opinión sobre el caso Bárcenas, será Rajoy el que comparezca ante los medios de comunicación tras finalizar esa reunión de su Ejecutiva para dar su versión de los hechos que, hoy por hoy, parecen plagados de irregularidades.

En las últimas horas varios cargos relevantes del partido han expresado la conveniencia de que se presenten querellas para impulsar una investigación judicial y, también, para que la opinión pública comprenda que son ajenos a cualquier operación de tipo ilegal, aunque hasta ahora Cospedal se ha resistido a presentarla a pesar de que había anunciado acciones judiciales, que no ha concretado. Sin embargo, de cara a la reunión de la directiva nacional de este sábado, se ha extendido el rumor en la sede central del partido de que se están barajando varios escenarios: uno, que Cospedal anuncie esas querellas. Y dos, que Rajoy decida hacer públicas sus declaraciones de ingresos anteriores al 2010 -las posteriores son públicas ya por su condición de diputado- para despejar así las dudas y demostrar que incluía en sus haberes el sueldo que recibía del partido.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha declarado que hay materia para investigar. Pésima noticia para un PP que quiere dar a entender que no ha habido la más mínima ilegalidad.