Crónica levantisca

juan Manuel / marqués Perales

A su señoría

ASÍ se dirige la Intervención General del Estado a la juez Mercedes Alaya: "Con el mayor y debido respeto a su señoría" ruega que "reconsidere" su petición de pedir a este organismo que investigue a la Cámara de Cuentas de Andalucía porque supondría "una extralimitación del ámbito competencial". Sólo tres días después de que la Intervención sugiriese de modo tan elegante y caballeresco a la magistrada que no le pida que investigue al fiscalizador de cuentas, Mercedes Alaya sube un peldaño más -parece Edurne Pasabán- y le solicita que someta al Parlamento andaluz y a su comisión de Hacienda a estudio. No es ya, por tanto, la Cámara, sino el Parlamento el que se vería sometido a una investigación judicial por si algunos de sus miembros tuvieron conocimiento alguna vez de la partida que subvencionaba a los trabajadores afectados por los ERE, la llamada 31L. Alaya ha solicitado todas las actas de los plenos que aprobaron los Presupuestos de la Junta entre los años 2001 y 2010, así como la transcripción de las reuniones de la comisión de Economía y Hacienda, cuyos 17 diputados, según la juez, estarían capacitados para detectar las posibles irregularidades debido a su "altísimo nivel técnico".

Con el mayor y debido respeto a su señoría, y aun careciendo de los conocimientos precisos de Derecho, un lego en la materia un poco leído sabría los siguientes hechos. A saber. Primero, que ya la Intervención General del Estado le ha explicado (esta misma semana) que no puede investigar a la Cámara de Cuentas, razón de más para no hacerlo con el Parlamento. Dos, que las actas, tanto de los plenos como de la comisión de Hacienda, son públicas y están en la web del antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Tres, que sería en cualquier caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que pudiera investigar a algún parlamentario si existiese una duda de actitud delictiva. Cuatro, que las opiniones y votos de los diputados autonómicos son inviolables, según recoge nuestro Estatuto de Autonomía. Y cinco, que el Parlamento es responsable de la aprobación de las leyes, pero no de su ejecución.

Con el mayor y debido respeto a su señoría, y aun careciendo de los conocimientos precisos de Derecho, un lego en la materia un poco leído sabría diferenciar entre el Derecho Administrativo y el Penal. Y si no: ¿Por qué el Tribunal Europeo, a la vez que ilegaliza el céntimo sanitario, no solicita al Tribunal de La Haya el procesamiento penal de los diputados y parlamentarios autonómicos españoles que lo aprobaron?

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