ES una sentencia motivadora para los corruptores". Un penalista explica de este modo la consecuencia del fallo judicial de la Malaya. Casi todos los empresarios corruptores saldan su inversión marbellí con penas leves. Algunos brindan con champán, pero se ha cumplido la advertencia del juez Godino al fiscal: no será una sentencia ejemplarizante, sino justa. Aunque se tenga la convicción moral de que algunos se escapan satisfechos y orondos, la indignación de la opinión pública, avivada por una instrucción excesiva, no es el criterio que debe marcar las penas, sino el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Como se afirma en la sentencia, hubo encarcelamientos innecesarios, estancias prolongadas en los calabozos por más de 72 horas y aderezos mediáticos que contribuyen ahora a una frustración de la ciudadanía. Incluso un infarto. Sirva esto de ejemplo para casos de corrupción como el de Bárcenas o el de los ERE, sustentado este último, según la instructora, en una suerte de conspiración universal dentro de la Junta para delinquir. Cuidado con las garantías. Pero el Estado de Derecho también debe defenderse del delito: la Policía Judicial necesita más medios, y mayor profesionalidad; los jueces requieren más apoyos, pero van sobrados de focos, y el soborno, el ilícito del corruptor, requiere de nuevos enfoques para ser probado.