LA televisión pública no es un servicio público y cada vez tiene menos vocación de serlo. Lo señala claramente el informe presentado esta semana por Uteca, la asociación que reúne a los operadores privados, que demuestra que el 40% de los contenidos que emite Televisión Española son puramente comerciales y sin ningún afán formativo o divulgador. Esta cifra se incrementa hasta alcanzar un nivel por encima del 80% en la franja del prime time, el horario en el que las cadenas se juegan la porción más jugosa del pastel publicitario. En definitiva, el informe realizado por el catedrático Luis Núñez Ladevéze, de la Universidad Carlos III, pone negro sobre blanco y con profusión de datos la denuncia que desde hace años vienen formulando sin ningún éxito los operadores privados: TVE y el resto de las cadenas públicas juegan fuerte en un mercado muy competitivo gracias a que se pueden permitir una deuda multimillonaria y una inyección prácticamente ilimitada de fondos públicos, que incluso ha sido revisada al alza para compensar la caída de ingresos publicitarios derivada de la actual crisis económica. En España no existe un servicio público de televisión, sino un operador financiado con los recursos de todos que compite en clara posición de ventaja frente a las cadenas privadas. Lamentablemente, el informe encargado por la Uteca limita su campo de investigación a Televisión Española y no entra en el pozo sin fondo que son las cadenas autonómicas, entre las que Canal Sur constituye un ejemplo señero de voracidad en la absorción de cuantiosas subvenciones y de abandono casi total de cualquier vocación de servicio público en la programación de su primera cadena No ocurre así en la segunda, aunque esto no le debe servir de coartada. En un momento en el que los medios privados ven mermados sus ingresos por la crisis económica, esta situación supone una violación de las reglas del mercado. Haría muy bien el inoperante Consejo Audiovisual de Andalucía en entrar en este tipo de cuestiones y dejar a un lado las rencillas internas y las guerras de protagonismo. Las televisiones públicas tienen que prestar un servicio público; si no lo hacen, sobran en el panorama audiovisual de un sistema de libre competencia.