MIENTRAS el secretario general de UGT-Andalucía, Francisco Fernández, explicaba que la comisión investigadora interna no encontró irregularidades ni facturas falsas en la central sindical prosocialista, la presidenta de la Junta, la socialista de pro Susana Díaz, anunciaba en el Parlamento que la Junta había recuperado ya 25.500 euros indebidamente utilizados por UGT.

Este rescate, anticipo de otros que vendrán, se refiere sólo a dos facturas falsificadas por el sindicato: una, con la que la central pagó una comida durante la Feria de Abril de Sevilla con una subvención del Gobierno andaluz destinada en teoría a "gastos de sindicalistas en procesos de negociación colectiva", y otra, con la que se preparó una asamblea regional de delegados sindicales, pagada por la Consejería de Igualdad con fondos empleados en teoría para la defensa legal de trabajadoras discriminadas por razón de sexo.

La contradicción entre lo que afirma la presidenta de la Junta, cuya veracidad es fácilmente comprobable, y lo que dice el secretario general ugetista -sobre la base de una investigación interna a cargo de sindicalistas anónimos- conduce a una conclusión deplorable: UGT intenta echar tierra sobre las corruptelas que se han ido descubriendo en el comportamiento de algunos de sus dirigentes y afiliados. Eso explica que ayer se manifestara, junto a CCOO, en los juzgados en apoyo de los sindicalistas detenidos o imputados en el caso de los ERE, más grave aún que el de las facturas falsas.

Es lo peor que puede hacer UGT: negar la evidencia -y que la presidenta de la Junta en persona lo desmienta con rotundidad- y cerrar filas como la mejor defensa posible ante una campaña de desligitimación del sindicalismo. Supongamos que existe, en efecto, una agresión planificada a los sindicatos y un intento de hundirlos en el descrédito, paralizarlos quitándole la financiación pública y quitarlos de en medio como representantes de los trabajadores en favor del capital. Si es así, la única respuesta viable sería limpiar ellos mismos su casa, prescindir de los corruptos y rectificar los hábitos irregulares. Autodepurarse antes de que los depuren.

Van por otro lado. Como cuando denuncian que las detenciones de sindicalistas por los ERE se parecen a las que practicaba la Brigada Político-Social durante el franquismo. No les recuerdo yo a "los sociales" modales como los de la Guardia Civil de ahora. Y el contexto aún me lo recuerda menos.