OCTUBRE de 2017 fue un mes triste para España, días sombríos en los que el Gobierno de Mariano Rajoy ni pudo impedir un referéndum ilegal de independencia en Cataluña ni supo manejarlo con cintura cuando la gente llenó los colegios electorales para votar. Felipe VI pronunció el que será uno de los discursos más importantes de su reinado, un aviso en toda regla por parte del Estado, pero si Cataluña no prosiguió adelante en su independencia fue porque sus líderes fueron más torpes que los nuestros, y mucho más ridículos.

Cinco años después, el problema catalán, que siempre nos acompañará, está desinflado, reconducido, amortiguado hasta la siguiente generación y no sólo gracias a la ridiculez de una facción de sus líderes, sino al empeño del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha mostrado más inteligencia y decisión que Mariano Rajoy en un asunto que demoró de modo negligente.

El indulto a los líderes independentistas, después de haber sido juzgados y haber pasado una temporada en prisión, ha sido determinante para el apaciguamiento.

Los mariachis han hecho el resto. Fue Josep Tarradellas, último presidente de la Generalitat en el exilio y primero en su restauración democrática, quien advirtió que, en política, se podía hacer de todo, menos el ridículo. Tarradellas provenía de Esquerra, y un joven Jordi Pujol, de Convergencia, le disputó con éxito la hegemonía del catalanismo y así fue hasta el Procès, cuando el pujolismo se echó al monte, primero, con Artur Mas, después, con Carles Puigdemont.

Lo que queda de la deriva convergente es esto de Junts, a quien Pere Aragonés no consigue echar de su Gobierno aunque los humille cada día. Verán, la secretaria general de Junts, Laura Borrás, está suspendida como presidenta del Parlamento autonómico por la propia Cámara, y quien fuese vicepresidente del Gobierno, Jordi Puigneró, también del mismo partido, ha sido destituido. Pero no se van, han buscado una excusa: antes, quieren preguntar a la militancia.

Junts tiene 250 altos cargos en la Generalitat, donde muchos salarios superan al del presidente de la Junta de Andalucía y al del Gobierno central. Hay unas 280 personas en esa administración autonómica que cobran más de 85.000 euros al año, y eso explica en buena medida por qué Junts no se marcha del Gobierno para hacerle la competencia a ERC desde la oposición. Lo que sigue puesta en marcha es la hoja de ruta a la que algunos apuntaron después de las últimas elecciones, será ERC la que se quede en solitario en el Gobierno, con apoyo externo del PSOE y los comunes. Tan impopular como los indultos, pero positivo.