LA situación de Grecia es la suma de muchos errores. Los de Grecia son notables: una economía ineficiente que ha vivido subvencionada por Europa, arrogándose privilegios sociales no pagados con su esfuerzo; a lo que se suma la sistemática falsificación de su información fiscal y estadística, el incumplimiento de sus compromisos con el rescate; y recientemente la actitud desafiante, tramposa, infantil y poco respetuosa para con sus socios (a los que llama acreedores), que ha culminado con la decisión de convocar un referéndum en medio de una negociación, un gesto hostil sin precedentes que ha provocado la ruptura de las negociaciones.

Los errores de Bruselas no son menores: el primero la propia creación del euro, un proyecto político voluntarista entre países con estructuras económicas muy desiguales y sin unión fiscal ni bancaria; y mayor error la participación en la Eurozona de países como Grecia que no cumplían el mínimo de los estándares requeridos; en segundo lugar, la larga tradición de financiación de la economía griega con escasísimo control, y con el consentimiento de sus falsificaciones y el desvío de los fondos europeos; en tercer lugar, el retraso en la adopción de medidas cuando se tenía información sobre sus desequilibrios financieros; en cuarto lugar, un rescate que obedecía más al interés de la banca alemana y francesa que al de los ciudadanos griegos, al imponerle condiciones incumplibles, que ha llevado a Grecia a una profunda depresión.

Este estado de cosas ha desembocado en la convocatoria de un referéndum para hoy, sobre una propuesta que Bruselas ha retirado, y para la que el Gobierno pide el no, aunque con posterioridad, el propio Gobierno heleno ha aceptado la propuesta en casi su totalidad proponiendo continuar con las negociaciones, a lo que el Eurogrupo se ha negado aplazando cualquier contacto o negociación hasta después del referéndum y sobre propuestas nuevas.

Un triunfo del sí en el referéndum obligaría a la dimisión del Gobierno y a nuevas elecciones en un contexto de caos económico y social. El Eurogrupo trataría de negociar un nuevo plan de rescate, pero si quiere que tenga alguna viabilidad exigiría una reestructuración de la deuda con quitas sustanciales, el retraso en el proceso de consolidación fiscal, el aplazamiento de la reforma de las pensiones, de la disminución del gasto militar y de la elevación del IVA. Concesiones todas ellas que cuestionarían la coherencia y la autoridad del Eurogrupo, y que no asegurarían que el Gobierno abordase las reformas para que Grecia tenga viabilidad económica.

Un triunfo del no reafirmaría al Gobierno de Syriza en sus exigencias negociadoras, siendo más improbable aún que el Eurogrupo cediese por las implicaciones políticas, ya que invitaría a los gobiernos con problemas a imponer sus puntos de vista con el refrendo del apoyo popular. En estas circunstancias, con los bancos cerrados, el impago al FMI, las obligaciones con los acreedores de las próximas semanas sin poderse atender, etc. el caos económico sería generalizado y la salida del euro prácticamente inevitable, aunque no sea éste el objetivo de Tsipras, que parece aspirar a una sucesión de rescates con pocas exigencias.

Por todo ello, el caso de Grecia no tiene ninguna buena solución, por lo que debería pensarse en una solución menos mala para salir de la actual encrucijada. Dado que la salida del euro es casi inevitable, quizás lo más razonable sería tratar de que fuese lo más ordenada posible y se asegurase el mantenimiento de Grecia en la Unión Europea, para lo que sería necesario la ayuda de ésta en el difícil periodo de normalización. Con la salida del euro Grecia asumiría la dirección del inevitable proceso de ajuste y reformas sin imposiciones externas, la creación de una nueva moneda le permitiría restablecer condiciones de competitividad, y podría abordarse una renegociación de la deuda con más libertad. Sin duda este proceso tendría un elevado coste para la población griega en el corto plazo, pero no necesariamente para una generación como se derivaría del rescate.

También para la UE tendría costes de reputación y de renegociación de deuda, pero estos son inevitables y posiblemente menores que con otras alternativas. Los riesgos financieros para países como España, con una elevada deuda externa, presumiblemente serían sólo en el corto plazo, pues el estricto cumplimiento del servicio de la deuda, la continuidad del proceso de consolidación fiscal y la fase de franca recuperación de la economía española son garantías suficientes de consistencia. En cualquier caso, es esperable que el BCE interviniese si se produjesen movimientos especulativos que afectasen a los países meridionales de Europa.

De esta tragedia griega podemos sacar algún aprendizaje: el voluntarismo político, los fallos de control de las instituciones, las concesiones compasivas y los programas incumplibles deben desterrarse de la práctica política en favor del rigor y la racionalidad económica.