MERCASEVILLA se ha convertido por derecho propio en el principal problema político del Ayuntamiento en lo que llevamos de legislatura. También en su más importante quebradero de cabeza. Lo que comenzó como una supuesta chorizada de directivos desleales es ya, en la investigación sumarial, una compleja trama de decisiones no muy claras que apuntan a responsabilidades graves en la Gerencia de Urbanismo. Tirando del hilo de la presunta extorsión a unos empresarios de hostelería para que dieran una importante cantidad de dinero a cambio de una concesión, la juez Mercedes Alaya llegó a la sospechosa adjudicación a la empresa Sando de una opción de compra de los terrenos de su actual sede. Para ello se despreció la oferta más ventajosa que había presentado su competidor Noga. Ya ha sido interrogado por la Policía un ex concejal y la intervención judicial de archivos informáticos puede deparar sorpresas espectaculares en las próximas semanas. Únase a ello la sustanciosa prejubilación que se había preparado Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla imputado en la causa, gracias al ERE que él mismo negoció, para comprobar que la sombra de corrupción sobre la empresa es intensa y extensa. Lo peor que pueden hacer en esta situación los responsables políticos municipales es aparentar que no pasa nada y mirar para otro lado. El despido de Ponce no es suficiente. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, tiene la responsabilidad de evitar que Mercasevilla se convierta en el argumento primordial de la vida política local. Para ello es imprescindible que se ponga al frente de la manifestación y que impulse las medidas necesarias para que la investigación judicial sea lo más amplia y lo más rápida posible. La corrupción -incluso la sospecha de corrupción- termina pasando factura, tanto en lo orgánico como en las urnas. En el PP valenciano, que en estos momentos es el máximo exponente nacional de esta cuestión, Camps va a tener que pagar un precio. Y lo va a tener que empezar a pagar muy pronto. En el PSOE no tienen que echar la vista demasiado atrás para recordar los efectos devastadores de una sensación pública de corrupción generalizada. Ahora, en Sevilla es el momento de tomar medidas y atajar sospechas. Si se puede.