LA presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado que sus dos predecesores en este cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, tendrán que abandonar sus escaños en el Congreso y en el Senado, respectivamente, en el caso de que el Tribunal Supremo acepte la petición del Ministerio Fiscal y les impute en el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos financiados por la Junta durante sus mandatos, en el que ya han sido imputadas 229 personas. La doctrina oficial del PSOE en estos momentos es que cualquier socialista imputado en un caso de corrupción ha de dejar su cargo público, y Susana Díaz está decidida a aplicarla sin excepciones, incluso en un caso especialmente doloroso para ella, puesto que su brillante carrera política no se entendería sin la ayuda y el impulso de Chaves y Griñán, que la han llevado a la cima del poder institucional andaluz y del propio partido en el que los tres militan. Esta firmeza contra la corrupción ha sido asumida por los actuales dirigentes del Partido Socialista como principio de actuación ineludible para frenar el desgaste y el descrédito de la política y, consecuencia obligada, para hacer frente al ascenso de las expectativas electorales de Podemos, el nuevo partido que ha encauzado a su favor la indignación ciudadana ante la crisis y las corruptelas. Si Susana Díaz no tenía otra salida que adoptar la medida anunciada, Griñán y Chaves se ven nítidamente perjudicados en su imagen pública, víctima de un estado de la opinión pública que exige iniciativas drásticas y ejemplarizantes contra todo político implicado, en el grado que sea, en actuaciones irregulares con el dinero público. Ya hace tiempo que los políticos han perdido un derecho tan elemental como la presunción de inocencia y que el pensamiento social dominante ha confundido la responsabilidad política de los gestores públicos -que es indudable en el escándalo que comentamos- con sus responsabilidades penales, que no pueden ser demostradas y dilucidadas más que a través de un juicio justo y con todas las garantías legales, tal y como establece el Estado democrático de Derecho. Todavía queda mucho procedimiento por delante para probar la culpa penal de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, si es que se prueba, pero la situación política de aguda crisis que atraviesa España ya les augura la pérdida de sus actas parlamentarias en cuanto el Tribunal Supremo los investigue siguiendo la solicitud de la Fiscalía. Por lo demás, habría sido difícil para Susana Díaz sustraerse a la corriente dominante para hacer una excepción con los dos compañeros que más hicieron por llevarla a la Presidencia de la Junta y la Secretaría General del PSOE andaluz.