LA profusa utilización de ambos vocablos en las actuaciones de los gobiernos, autonómico y estatal en el ámbito de nuestro sector hace necesaria una matización sobre la sostenibilidad de la rehabilitación.

El Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2014-19 establece como principal objetivo la reconversión de los empleos de la construcción a la rehabilitación, partiendo de la hipótesis de que son diferentes, lo que evidencia un desconocimiento del funcionamiento del sector. La alusión a un nuevo modelo de desarrollo sostenible delata, también, un desconocimiento del alcance de ese concepto.

El concepto de desarrollo sostenible gravita, desde su origen, sobre la triple vertiente social, económica y medioambiental. Por eso, reducir el problema del sector de la edificación a una cuestión de rehabilitación energética o de accesibilidad es erróneo. La edificación será mediombientalmente más eficiente o respetuosa con algunos aspectos sociales, pero no será viable si ignora los aspectos económicos de la cuestión. Por ello, resulta sorprendente que en la Mesa de la Construcción no se encuentren representadas las entidades financieras, principales responsables de la situación actual y agentes imprescindibles para una salida de la misma.

El plan marco establece, entre otros, programas destinados a mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad en viviendas existentes, intentando orientar el cambio del sector hacia la rehabilitación. Para ello, Gobierno central y Consejería inyectarán en Andalucía cerca de 180 millones, con los que se podrá abordar la rehabilitación de 8.500 viviendas en los dos próximos años. De este modo se intenta compensar la caída de un sector productivo que había llegado a iniciar, en un solo año, más de 40.000 viviendas sólo en la provincia de Málaga, y que ha visto reducido en un 74% el número de puestos de trabajo al pasar, en nuestra comunidad, de una ocupación de medio millón de trabajadores a los 130.000 actuales, dividiendo por tres su peso en el mercado laboral andaluz, al pasar de representar el 16% a un 4,5%.

El discurso de la construcción sostenible es siempre bien recibido, pero por sí solo no alcanza para contrarrestar la realidad de estas cifras, sobre todo cuando, como aquí, se limita a hilvanar una serie de lugares comunes ajenos a la realidad económica que viabiliza nuestro sector productivo.

Tampoco se ajusta a la realidad la afirmación de que el excesivo volumen de obra nueva en los últimos años haya impedido el mantenimiento y la conservación de lo ya edificado, puesto que durante el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008 -12 las solicitudes de ayuda superaron las posibilidades presupuestarias; mientras que el cambio del término "subvención" por "incentivo" no deja de ser un mero juego retórico. Para que miles de ciudadanos decidan rehabilitar sus viviendas no es tan necesario un cambio cultural como una mejora de sus posibilidades de consumo, muy difícil en una economía con un 23% de paro; y por eso, afirmar que "la alternativa para la reconversión del sector de la construcción pasa necesariamente por el impulso de la rehabilitación, el alquiler y la adaptación de edificios existentes para hacerlos más habitables, eficientes energéticamente y reducir las emisiones de dióxido de carbono" es establecer la solución del problema lejos de su naturaleza económica. Del mismo modo que tampoco es especialmente relevante la mejora de la cualificación de la mano de obra que se reclama para estos trabajos frente a la demandada por la obra nueva, que nada tiene que ver con la crisis del sector y que nadie explica cómo incidirá en la "reconversión sostenible del mercado de trabajo de la construcción".

Asimismo, afirmar que "es imprescindible pasar de la especulación en la construcción a la cultura de la rehabilitación, y promover la sensibilización de la ciudadanía y las comunidades de vecinos hacia sus beneficios y la responsabilidad en la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque residencial existente" da a entender que ha sido la ciudadanía la responsable de la política especulativa seguida; y suponer que los técnicos y los administradores de fincas serán "los vectores fundamentales del cambio de modelo" es desconocer por completo el papel que juegan estos profesionales en la toma de decisión de rehabilitar, o no, un inmueble.

Definir una política de construcción sostenible pasa por abordar sus problemas medioambientales y sociales, pero sin obviar las claves económicas que inciden en el sector. La opción planteada puede ser aceptable como un factor más en la solución del problema, pero no puede ser el eje vertebral de la misma, pues no deja de sustentarse en un conjunto de políticas de subvención, que tienen un alcance limitado. Y que no se pueden sostener sin un despegue generalizado de la economía. Definir un nuevo modelo de construcción sostenible demanda que sea definido un nuevo modelo económico más allá del propio sector.