ALGUNOS siguen empeñados en considerar ésta una crisis financiera que ha contagiado al resto de la economía y otros ven en ella, además, señales de la insostenibilidad financiera del actual Estado de bienestar. Algunos creen que la responsabilidad de los gobiernos se limita a haber realizado una desregulación financiera deficiente en el marco de un paradigma equivocado: la capacidad de la autorregulación de los mercados acompañada de la dilución del riesgo a través de instrumentos derivados. Otros creen que además las responsabilidades públicas tienen que ver con el mantenimiento de unos tipos de interés muy bajos, que si bien alentaban malas inversiones, provocaban una ilusión de riqueza en los ciudadanos y unos ingresos fiscales muy útiles para ampliar el Estado sin preocuparse demasiado de la eficiencia en el gasto público.

En el pasado siglo se produjo un crecimiento casi continuado de lo público, si bien con diferencias importantes de tamaño entre países. En el siglo XIX el tamaño característico en los países más desarrollados era del 10% del PIB, pero desde la primera guerra mundial la progresión no se ha frenado: En los países de la OCDE a mediados de la centuria ya alcanzaba el 24% del PIB y sólo se estabilizó en los 80 en un 44%. Los países menos desarrollados también han vivido este fenómeno, aunque en promedio se situaban en menos del 30% en los años 90.

Existen varias explicaciones de esta evolución, incluyendo la moderación que se ha producido en los años más recientes. La primera señala que la modernización del sistema económico reclama nuevas o más amplias funciones al Estado: regulación, infraestructura, formación y asistencia. La segunda se centra en su papel redistribuidor y la relación que esta función tiene con la democracia. Se añade a éstos la internacionalización de la economía, aunque considerando que pudiera tener efecto de contención o de crecimiento de la cosa pública según los casos.

Las dos primeras explicaciones se ajustan a lo sucedido en España en el siglo XX y particularmente tras la Constitución de 1978. No obstante, no podemos desconocer en nuestra particular trayectoria que junto con la ampliación de la gama de servicios públicos y el alza de los beneficiarios se ha producido una descentralización administrativa justificada, entre otros factores, por los supuestos beneficios del federalismo fiscal. La transferencia de recursos a las administraciones subnacionales puede traducirse en más eficacia en la ejecución del gasto público, porque el decisor tiene un conocimiento más cercano y preciso del objeto de su aplicación. La realidad de nuestro Estado autonómico no parece mostrar tal mejora en la eficacia respecto al modelo centralizado anterior, al menos si se realiza un análisis desideologizado del asunto.

Lo cierto es que en su primera época de gobierno el partido socialista mostró una intensa vocación de extender el Estado del bienestar sin reparar en algunas consecuencias no deseables ni atender a las dudas que ya entonces existían sobre la sostenibilidad financiera de la asistencia generalizada. Iniciamos el nuevo régimen con un gasto público del orden del 20% del PIB y llegamos a alcanzar casi el 50% ya avanzados los años ochenta. No es extraño el gran esfuerzo de ajuste que tuvimos que realizar para entrar en el euro, pero esta contención se volatilizó en cuanto las finanzas públicas mostraron un aspecto saludable. Ahora toca un nuevo ajuste mucho más duro que el del primer gobierno popular.

El crecimiento del gasto en los últimos 30 años no ha ido acompañado ni por una verdadera tensión para asegurar su eficacia en aquello que deba ser público, ni por un criterio claro en aquello que no le resulta natural en nuestros tiempos ni es imprescindible. Eficacia y criterios firmes que no son fáciles de asegurar cuando se distribuye la ejecución del gasto.

¿Podría haberse evitado? Es difícil afirmar que sí, porque los dos grandes partidos son socialdemócratas, uno declarado y otro de facto. Hemos distribuido territorialmente la ejecución de la mayor parte del gasto público, con un cierto velo en cuanto al origen de sus recursos. La administración fiscal es el enojoso recaudador, mientras la autonómica y local son las benefactoras. No hemos acompasado la estructura impositiva con la realidad institucional, manteniendo centralizados los impuestos más potentes, y quizá hemos perdido las teóricas ventajas de la descentralización fiscal, según la hipótesis de Brennan y Buchanan, que en los 80 sugerían que esa descentralización llevaría a una competencia entre territorios que habría de limitar la voracidad recaudatoria del Leviatán. Que esto podría ser cierto se atisba en el tratamiento del impuesto de sucesiones entre diferentes comunidades autónomas. Que nuestro modelo es insostenible no lo señala sólo el déficit público, sino que algunas comunidades necesiten más consejeros que ministros tiene Francia.