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EL vuelco que la magistrada Mercedes Alaya le ha dado a la instrucción judicial del caso de los ERE ha sido espectacular desde su reincorporación. Ha situado la investigación en un plano absolutamente distinto, porque ahora se están descubriendo las vergüenzas, no ya de quienes se aprovecharon de las costuras rotas del sistema para ser beneficiados de esos expedientes, sin tener derecho a ello y, de los que, como Guerrero o Lanzas, además de aprovecharse personalmente, propiciaban esas irregularidades, presuntamente delictivas. Ahora el punto de mira está puesto más alto, es decir, en quienes utilizaron las tijeras para romper las costuras, como son los directivos de aseguradoras, los intermediarios y los bufetes jurídicos que participaron en la trama. O sea, los cerebros de ese gran engaño con el que obtuvieron muchos millones de euros. Y ese engaño reviste una especial gravedad porque sus ilícitos beneficios los detraían de unos fondos que estaban destinados, en principio, a ayudar a paliar situaciones complicadas.

Pero más grave aún, es que este presunto latrocinio a gran escala se haya podido mantener a lo largo de diez años sin que, teóricamente, nadie se hubiese dado cuenta. Es increíble que durante esa década prodigiosa se le diese carta blanca a un personaje como el ex director general de Empleo, el famoso y sonriente Guerrero, a quien se le ve venir de lejos y de quien, en Sevilla, se sabían demasiadas cosas desde hacía mucho tiempo. No es entendible que no saltasen las alarmas hasta que, a raíz del intento de extorsión a los propietarios de La Raza, se investigase, por iniciativa judicial, el expediente de Mercasevilla.

Es a partir de ese momento, cuando todo el mundo se va enterando, a plazos, de lo que estaba pasando y que había costado, según lo demostrado hasta ahora, casi 150 millones de euros a las arcas públicas andaluzas. Esto no se entiende salvo, por aquello de que el fin justifica los medios, se pensase que hacía falta un individuo como ése para justificar operaciones de alto riesgo jurídico, político, e incluso penal, lo que se consentiría para afrontar situaciones conflictivas para la paz social. Al menos, ese es el argumento que se ha utilizado.

Esa postura de dejar hacer, y mirar para otro lado, ha llevado a esta situación que puede tener todavía más graves consecuencias. Fue un error, intencionado o no, que se prolongó demasiado, y cuyos efectos multiplica la técnica del tancredismo.

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