CUALQUIER interpretación de la realidad política nacional, siempre que quiera hacerse desde el rigor, debe partir de una premisa fundamental: a fuerza de querer convertirse en justicieras, algunas cadenas han acabado por conseguir que muchos españoles olviden lo que las televisiones realmente son: máquinas de hacer dinero; negocios que sirven, sobre todo, a un interés privado, el de sus dueños.

Esto que, por palmario, no exigiría mayor explicación, sí que la requiere en estos tiempos, cuando algunos medios, de manera aparentemente inexplicable, se han quitado la careta del interés general para apoyar sin rubor a una opción política populista, minoritaria y antisistema que poco o nada tiene que ver con la verdadera realidad social de nuestro país; algo inaudito en las democracias occidentales y que se hace, eso sí, sin explicar a la audiencia los intereses inconfesables que yacen en el fondo de esta operación que parece diseñada e implementada, desde hace año y medio, para intentar poner contra las cuerdas a nuestro sistema democrático.

Porque no se trata de que los dueños de esas cadenas se hayan vuelto de repente populistas o que los periodistas que las sirven hayan perdido totalmente el sentido de la realidad. La operación en marcha, mucho más sutil, tiene una causa y un objetivo de los que conviene hablar ahora para que todos sepamos a qué atenernos.

Sabrán ustedes que el mercado publicitario audiovisual español -1.600 millones de euros, nada menos- se reparte al 85% entre dos grandes empresas: Mediaset -Tele 5 y Cuatro- y Atresmedia -la Sexta y Antena 3- por obra y gracia, faltaría más, de Atila-Zapatero quien, no contento con regalar a las televisiones privadas el pastel publicitario de las públicas, y crear ad hoc dos nuevas cadenas para sus amigos de la izquierda socioeconómica, repartió a dedo, también mayoritariamente entre sus amigos, las 17 licencias de la TDT; reparto que, por ese mismo motivo, fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo, que ordenó a finales de 2013 el cierre de 9 canales con esas dos empresas como grandes perjudicadas.

A partir de ese momento las teles de todos comienzan a convertirse poco a poco en las teles de Pablo. Al principio tímidamente y, ya más adelante, llegando las elecciones europeas, a calzón sacado. Esta tendencia se acentúa más todavía con la aprobación por el Congreso de una proposición no de ley del Partido Popular que pide al Gobierno la vuelta de la publicidad a la televisión pública y con el nuevo concurso de TDT que se anuncia para octubre.

No hay que ser muy avispado para advertir que los patrones del audiovisual han hecho de la necesidad virtud, o lo que es lo mismo, han llegado a la conclusión de que la mejor defensa frente a lo que se les viene encima es un buen ataque. Por ello, no paran de presionar al Gobierno utilizando como rehén a nuestro sistema democrático, o lo que es igual, o te pliegas a nuestros deseos manteniendo el statu quo audiovisual o te vas a enterar de lo que vale un peine.

Esta estrategia político-mediática de las cadenas ha servido, además de para engañar a mucha gente, para poner de relieve la necesidad que tenemos de competencia en nuestro sistema audiovisual. El duopolio existente ha demostrado, no sólo que tiene demasiado poder, sino que no tiene escrúpulos para utilizarlo aun a costa de interés general, que en este caso se identifica con la estabilidad y supervivencia de nuestro sistema de libertades.

Hace ahora casi cien años, Lenin no necesitó de una mayoría ciudadana para cubrir a Rusia con un manto de opresión. Fue suficiente con la propaganda y con el terror.

En España, de lo primero, la propaganda, estamos ya como queremos. Dicen muy ufanos que vivimos en un país donde muchos no tienen qué llevarse a la boca, ni techo donde cobijarse, ni armas para sobrevivir, y donde los políticos, sobre todo los de la derecha, viven enfangados en la corrupción; un país, sin embargo, que es la 12ª potencia económica del mundo, que disfruta de las mejores infraestructuras de Europa, que está creando más empleo que nadie, que recibe la visita de 70.000.000 de turistas al año y en el que la corrupción política -magnificada con aviesas intenciones por esos mismos medios- es, igual que en los países de nuestro entorno, comparativamente episódica y, desde luego, un problema menor e infinitamente menos preocupante que la muy extendida corrupción social en cuyas fuentes bebe.

En cuanto a lo segundo, el terror, tras corroborar con la constitución de los Ayuntamientos cómo se las gastan los bolivarianos, y contemplar atónitos con que alegría Pedro Sánchez ha entregado las joyas de la familia a los antisistema a cambio del plato de lentejas de su silla, mejor échense a temblar, porque la violencia verbal y física está en los genes del totalitarismo que estos chicos representan.