FALTAN seis días para la constitución de los casi ochocientos ayuntamientos andaluces y los vecinos que votaron a sus representantes en las ciudades y pueblos más importantes ignoran quiénes serán sus alcaldes y con qué respaldos contarán sus equipos de gobierno para realizar la labor que les encomendaron para los próximos cuatro años. Al mismo tiempo, han pasado setenta y cuatro días desde que los andaluces en su conjunto acudieron a las urnas y eligieron a sus diputados y tampoco saben a estas alturas quién ostentará la máxima autoridad de la comunidad autónoma ni al frente de qué gobierno. Andalucía vive, pues, en una situación de interinidad institucional claramente lesiva para los intereses de sus ciudadanos. Ello es así por la manifiesta incapacidad de las fuerzas políticas más representativas -PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU- para alcanzar acuerdos que aseguren la estabilidad de las instituciones. Acuerdos que vienen exigidos por unos resultados electorales determinantes de la pérdida de las mayorías absolutas y de la fragmentación del mapa político regional, en el que cuatro organizaciones, y en ocasiones cinco, están impelidas a pactar para sacar a la mayoría de los ayuntamientos y a la propia Junta de Andalucía de su estancamiento. No ha sido posible por el extraordinario sectarismo de los partidos mencionados, cuya lectura de la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 22-M y el 24-M se ha dirigido especialmente a la rentabilización partidista de las posiciones logradas por cada uno de ellos. Están desatendiendo el mensaje fundamental de los andaluces en una y otra votación: que no confían en ninguno de ellos para gobernarlos en solitario y que exigen pactar, negociar y consensuar los programas y proyectos que van a aplicar allí donde finalmente accedan al poder. En definitiva, intentan sacar tajada de una crisis en la que los partidos y sus líderes y candidatos están llamados a ser generosos, sensatos y humildes.