EL Estado griego ha logrado colocar entre los inversores 5.000 millones de euros de deuda esta semana. Los mercados han respirado, porque la demanda de títulos griegos ha sido muy superior a la oferta, emitiendo una señal de la confianza que todavía se deposita en el país. Pero vamos a volver a vivir este año, en más de una docena de ocasiones, situaciones de gran incertidumbre. En conjunto, durante el 2010 el Estado emitirá unos 50.000 millones de euros, que equivalen casi al 25% del PIB griego.

Esa cantidad tan elevada, no va a ser posible colocarla sin ayuda externa a largo plazo. La desagradable aritmética fiscal griega indica que la deuda pública va a seguir creciendo desde el actual nivel del 110% respecto del PIB hasta más del 150% en 2014. Para estabilizarla a ese nivel, el Gobierno debería generar en los próximos años un superávit primario (sin contar con el pago de intereses de la deuda) de más del 13% del PIB. Ese esfuerzo fiscal es imposible de realizar en ningún país europeo, sin temor a que se generan grandes conflictos sociales. Frente a las actuales ambigüedades, la UE necesita hacer público un compromiso concreto de ayuda a Grecia, porque la situación va a continuar deteriorándose.

Las dificultades para concretar el compromiso, no provienen sólo de Alemania; están un poco hartos de ser los primeros contribuyentes a las arcas comunitarias desde la creación de la UE. Pero los restantes países son también reticentes a prestar dinero a un gobierno que comunicaba estadísticas fundamentales sobre el IPC o sobre el gasto público, por teléfono, sin justificación documental alguna. Ese caos administrativo -que se sospechaba- ha dañado de manera irreparable la reputación griega. Pero, en todo caso, la conclusión a la que deberían llegar los responsables comunitarios es que resultará más barato ayudar a un país pequeño como Grecia, que cruzarse de brazos, esperar que estalle una crisis financiera y que ésta contamine a otros países, incluyendo a España.

Si la crisis griega se desborda y afecta a otros países, las consecuencias serían graves. En primer lugar, porque pondría en tela de juicio todo el proyecto de unión económica y monetaria. Cuando se crea la UE, una de las ideas subyacentes era que la convergencia económica entre los países facilitaría la implementación de políticas monetarias y fiscales comunes. Esta idea está demostrando ser falsa. Los modelos de crecimiento de Alemania y Grecia son tan diferentes, que dificultan notablemente aplicar las mismas políticas a economías tan diversas. Pero, en segundo lugar, las consecuencias económicas para España serían graves, porque aumentaría el diferencial de tipos de interés respecto de Alemania. El diferencial parece pequeño. Sin embargo, cada punto de interés respecto del bono alemán representa para España como los dos puntos adicionales del IVA. Esto es, estaríamos incrementando la presión fiscal no para financiar el desempleo, sino para pagar a los inversores de la deuda pública española, con un efecto nulo sobre las políticas sociales o de otra naturaleza. Más importante que nunca, España necesita hoy ofrecer una imagen de seriedad, rigor y consistencia de sus políticas. Y el tiempo se nos está acabando.