LAS últimas revelaciones en torno a la investigación judicial del caso Mercasevilla ponen de relieve la posible existencia de un sistema recaudatorio en el que, presuntamente, se exigía dinero a las empresas que cerraban negocios con esa sociedad. El asunto saltó a la luz pública tras la denuncia de los empresarios del Grupo La Raza a los que se les habría reclamado una importante cantidad a cambio de hacerse con un proyecto de escuela de hostelería promovido por la Fundación Mercasevilla. Que aquello era sólo la punta del iceberg se ha confirmado ahora al saberse que la juez instructora investiga la donación de 246.000 euros por parte de la constructora Sando, una empresa con un sólido prestigio en el sector, a la fundación tras hacerse con la opción de compra de los terrenos que actualmente ocupa la sociedad y en los que Sando tiene previsto realizar un ambicioso proyecto inmobiliario. Los gestores de Mercasevilla rechazaron una oferta presentada por otra inmobiliaria de la competencia, el Grupo Noga, que era mucho más ventajosa para la sociedad. Estamos ante prácticas presuntamente irregulares que deben ser investigadas en profundidad para que se depuren todas las responsabilidades. Hasta ahora la juez Mercedes Alaya viene realizando una instrucción concienzuda, en la que han salido a la luz aspectos que todavía pueden dar mucho juego, como el papel que tiene en toda la trama el intermediario Juan Lanzas, que en breve será llamado a comparecer ante la magistrada. El hecho de que los dos principales imputados, los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, se hayan acogido a su derecho a no declarar no habla precisamente a favor de la actuación de ambos en este caso. De lo actuado hasta ahora no cabe deducir que haya implicaciones más arriba de los imputados ni que éstas afecten a estructuras políticas. Lo que sí parece claro es que en la sociedad participada por el Ayuntamiento de Sevilla y por Mercarsa no se establecieron los controles de auditoría interna y externa que hubieran permitido detectar las irregularidades. Se permitió en cambio un amplio margen de discrecionalidad a sus directivos. Estamos ante un caso complicado que requiere de rigor y tiempo para que salga a luz todo lo que hay oculto bajo las alfombras de Mercasevilla.