PASADAS las 21:00 de anteanoche se actualizó la web que había sido puesta en marcha meses atrás y se cumplió el compromiso de la Junta de Andalucía de que entrara en vigor la ley de transparencia el 1 de julio, es decir, seis meses antes de lo exigido a las comunidades autónomas por la norma marco impulsada por el Gobierno de la nación. La expectación venía estando centrada en el conocimiento sobre la llamada Administración paralela, el complejo bosque de entes instrumentales y empresas públicas de la Junta, crecido sin cesar en los últimos años y sobre el que pesaban acusaciones de opacidad. Los datos ya están disponibles: existen y funcionan un total de 92 empresas públicas, agencias, sociedades mercantiles y fundaciones dedicadas a variados menesteres, con 42 altos cargos, aunque no ha sido posible acceder al número de empleados que están adscritos a las mismas (se calcula que superan los 26.000) ni el de los puestos directivos. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, adelantó que los altos cargos políticos de la Administración son 196 y que una decena de ellos incumple el compromiso de quedar por debajo de la presidenta de la Junta en materia de retribuciones. El portal de transparencia, que se extiende hasta el número de coches oficiales, los complementos por vivienda de los altos cargos trasladados a la capital de Andalucía para el ejercicio de su trabajo y las cesantías de los consejeros y diputados que hayan terminado su mandato, constituye un importante paso adelante en el acceso de los ciudadanos a la información sobre sus representantes y sobre la estructura y funcionamiento de las instituciones autonómicas (los ayuntamientos deberán incorporarse al portal a partir del próximo 1 de enero). Con anterioridad, desde marzo pasado, ya se había dado cuenta pormenorizada de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía y los contratos y concesiones administrativas. Aunque quedan muchos detalles por pulir y algunos huecos que complementar, la ley de transparencia aparece ya como un instrumento idóneo para acercar la Administración a los andaluces y, a través de la información sin cortapisas, aumentar el control de la actividad de los responsables públicos y la corrección de sus decisiones y su gestión. Se trata de una medida de regeneración democrática y relegitimación institucional, quizás menos llamativa y morbosa que otras, pero decididamente positiva y beneficiosa para la ciudadanía, y también para la política, ese noble oficio envilecido por algunas prácticas que se verán, sin duda, obstaculizadas por la transparencia que ahora se impone. Ventanas abiertas y claridad en la gestión.