EL fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, declaró ayer que su departamento no dará un trato diferencial a las investigaciones sobre la actividad empresarial de Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina y yerno del Rey. Serán afrontadas, vino a decir, con los mismos criterios que las indagaciones fiscales y policiales que afectan a otros ciudadanos españoles. Las manifestaciones de Conde-Pumpido, tal vez innecesarias, han venido a tranquilizar a la opinión pública, sensibilizada por la personalidad del duque de Palma y su relación familiar con la Casa Real. Hay que subrayar que Urdangarín no ha sido imputado en el curso de estas investigaciones ni llamado a declarar, aunque ha regresado a España desde su residencia en Nueva York para defender su honorabilidad e inocencia, según aseguró en un escueto comunicado hecho público el viernes. También La Zarzuela ha eludido pronunciarse al respecto, sugiriendo que el ex jugador de balonmano habrá de afrontar un posible proceso por sus negocios y actividades empresariales sin relación alguna con la Casa Real. El estado actual de la cuestión es que un juez y el Ministerio Público han registrado la sede de una fundación que ha presidido Iñaki Urdangarín y estudian la documentación intervenida. La sospecha es que a través de esa fundación sin ánimo de lucro se habrían logrado contratos irregulares pagados por los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, en manos del PP, organizando jornadas de turismo y deporte cuyo coste real fue netamente inferior a lo cobrado por los organizadores. Hay que confiar en dos premisas básicas de nuestro ordenamiento jurídico: la presunción de inocencia que asiste al duque de Palma, como a los españoles todos, y la igualdad ante la ley, que impide a jueces, fiscales y policías hacer distingos entre unos investigados o imputados y otros en función de sus parentescos u origen social. La institución monárquica, por lo demás, no tiene por qué verse afectada por este incidente.