SE ha suscitado una polémica curiosa en el deporte español a raíz de la publicación de un escrito de queja enviado por las federaciones deportivas españolas al ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre las subvenciones que van a recibir el presente ejercicio del Consejo Superior de Deportes, cuyas reducciones, en algunos casos, han sido del 70% respecto a las recibidas hace tres años.

Pero hagamos un poco de análisis de algunas situaciones. Es evidente el salto de calidad que se gestó en el deporte nacional a principios de los 90 que, con motivo de los exitosos JJOO de Barcelona 92, realizó grandes cambios en el funcionamiento, en la normativa y en la economía de toda la estructura deportiva, bastante acertados. Pero el problema de siempre al hacer una norma es que siendo válida para la generalidad, algunos no saben, no pueden o no quieren hacer un buen uso de ella.

En la época de cierto secretario de Estado para el Deporte y cierto director general de Deportes del CSD, andaluz por cierto, de cuyos nombres no quiero acordarme, se extendió en el deporte, sobre todo en las federaciones españolas, la sensación de la "barra libre": invitaciones y ayudas a los afines para controlar estas instituciones, nacionalizaciones express de algunos deportistas para obtener medallas y una protección, en determinados casos excesiva, ante posibles cambios en las estructuras deportivas existentes. Y aquellos polvos trajeron estos lodos.

No creo que deban interpretarse mis reflexiones como un intento de generalizar en el singular mundo del deporte nacional. Hay presidentes muy buenos (y muy cercanos), capaces de generar importantes ingresos y bajo cuya gestión los equipos nacionales obtienen resultados espectaculares. Tampoco entiendo que deba opinar sobre los que renuncian a las subvenciones públicas ni a los que autofinancian su salario (desde luego no considerando las fichas de los deportistas como recursos propios, eso no está bien), pero, desde luego, tenemos que ser muy vigilantes con los dineros de todos que les damos a gente, reitero que en algunos casos, faltos de la preparación suficiente.

Varias son las preguntas que nos hacemos:

¿Es racional que unas asambleas federativas que oscilan entre 80 y 200 personas (obviamente con una mayoría alineada con el respectivo presidente) decidan el destino de una enorme cantidad de dinero público?

¿Es lógico y ético que un presidente de federación pueda recibir del erario público un importe mayor que el sueldo de un ministro?

¿No debería ser normal que todos los que cobran del dinero público fueran tratados con los mismos criterios de duración de la vida laboral? Por qué los funcionarios, médicos, maestros, bomberos o policías deben claudicar a los 65 años y otros siguen sin más?

¿No deberían los cargos federativos sujetos a procesos electorales tributar como autónomos y una vez terminados sus ciclos volver a su vida laboral?

En tiempos de bonanza económica, qué fácil era gestionar, pagar favores e ir de espléndido (con el dinero de todos), pero ahora que se pintan duras, se tiene que ver quiénes son los buenos gestores. No queda otra. Por cierto, una de las advertencias del escrito que abre este artículo dice que, en estas condiciones, volveremos al estado que había en 1985. ¿Saben qué les digo? Que ojalá fuera así para mi deporte, cuando el remo español obtenía triunfos internacionales. Y eso, antes de haber dispuesto de mucho más de 40 millones de euros para haber hecho las cosas bien pensando en el futuro.