HACE un año, el 3 de septiembre de 2008, publiqué en este periódico un artículo titulado La financiación de los ayuntamientos y en él dije que comprendía que "hablar de la necesidad de incrementar la financiación de los ayuntamientos cuando se está negociando la de las comunidades autónomas y, cuando se ha aumentado grandemente el déficit del Estado puede ser inoportuno, pero para mí el Pacto Local, del que tantas veces he hablado, es más urgente que la financiación de las comunidades autónomas". Ocurre que en la financiación de éstas todas saldrán ganando, mientras que el fondo estatal para los ayuntamientos se reducirá en los Presupuestos Generales del Estado para 2009. En efecto, en el periódico El País de 1 de septiembre de 2008 y con el título Solbes cierra el grifo a los alcaldes anunció en una tensa reunión, que por primera vez, se reduciría el fondo estatal para los ayuntamientos, aunque se pagaran los atrasos de 2007.

Ha pasado un año y a finales de julio, se ha conseguido un acuerdo del Estado con las comunidades autónomas, sin votos en contra aunque con la abstención de las comunidades del PP y aumentando el Estado su aportación de forma muy considerable. En este año la situación económica de los ayuntamientos, en general ha empeorado porque la crisis de la construcción ha repercutido en el urbanismo, en las licencias municipales, en el impuesto de construcción e instalaciones y en la tributación local que, en buena medida nutre a las arcas municipales. Muchos ayuntamientos encuentran dificultades para pagar las nóminas y algunos han presentado expediente de regulación de empleo. Con independencia de la crisis también habían frenado el urbanismo los Planes de Organización Territorial (POTA-Potaus), que en Andalucía han sido varios.

Acordada la financiación autonómica se esperaba que en septiembre empezarían las negociaciones para llegar a acuerdos de financiación con los ayuntamientos y por ello ha extrañado tanto e indignado a muchos, que el vicepresidente Chaves haya declarado que la financiación de los ayuntamientos se retrasa hasta el año 2011. El PP, el PNV, ERC-IU e ICV y BNG han pedido que el vicepresidente tercero del Gobierno, ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, comparezca ante el Congreso, de manera extraordinaria, para explicar el aplazamiento del nuevo modelo de financiación local, hasta el año 2011, petición rechazada por la Diputación Permanente del Congreso, gracias a los votos de PSOE, CiU y CC. No obstante, los portavoces del PSOE y CIU anunciaron un acuerdo para que el vicepresidente Chaves acuda a la Cámara en la primera quincena de septiembre. Ello evidencia que el otoño va a tener, entre otras, como protagonista la financiación local y el portavoz de CiU manifestó que en la cuestión del aplazamiento no sólo había que oír al vicepresidente Chaves sino también a la vicepresidenta Salgado sobre la financiación autonómica.

Por su parte el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias Pedro Castro, se manifestó en términos rotundos al decir que sin los ayuntamientos no habrá una financiación justa y que los ayuntamientos son tan Estado como las comunidades autónomas y que debería existir una mesa común para la negociación del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

En mi opinión, el Gobierno no debe transmitir la imagen de considerar a los ayuntamientos de peor condición política que las comunidades autónomas y esa es la que se deriva del aplazamiento al año 2011 de la financiación de los ayuntamientos, tras haber acordado la de las comunidades autónomas y haber aumentado la aportación estatal enormemente, sin olvidar que el llamado Pacto Local está pendiente desde hace muchos años.

El momento es grave y urgente para los ayuntamientos y para el Estado porque la crisis ha aumentado el déficit del Estado y disminuido considerablemente su recaudación, pero si ha sido posible lograr un acuerdo sobre la financiación autonómica también lo debe ser para lograr un acuerdo sobre la financiación local.

El Pacto Local supone transferir a los ayuntamientos competencias y financiación del Estado y de las comunidades autónomas. No bastará transferir los créditos presupuestarios de los servicios que se traspasen, sino que es fundamental que también reciban fondos incondicionados que ellos distribuyan libremente, aumentando así de hecho su autonomía constitucional garantizada.